Ecuador marcó un hito en derechos colectivos y minería responsable. Por primera vez, se realizó una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) en el ámbito minero, en la comunidad Pedro de Escaleras (provincia del Azuay), donde los habitantes aprobaron por consenso el avance del proyecto Loma Larga.

Este proceso histórico se llevó a cabo en cumplimiento de una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Azuay (2023) y conforme al Convenio 169 de la OIT, vigente en el país desde hace dos décadas.

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), destacó que esta consulta «marca un antes y un después» y demuestra que «es posible cumplir estándares internacionales y dialogar con las comunidades para promover un desarrollo inclusivo y sostenible».

El 100% de las personas consultadas respaldaron el cambio de fase del proyecto, que permitirá su transición hacia la etapa de construcción. Se estima una inversión de más de USD 400 millones y la creación de más de 1.500 empleos directos. No obstante, la ejecución del proyecto está sujeta a la obtención de la licencia ambiental correspondiente, prevista para fines de 2025.

El proceso fue liderado por el Ministerio de Energía y Minas, con asistencia técnica de la OIT y verificado por la Defensoría del Pueblo. La empresa Dondee Precious Metals, a cargo del proyecto, no intervino en ninguna etapa del proceso, conforme a lo estipulado por la normativa nacional e internacional.

El abogado constitucionalista Emilio Suárez subrayó que la consulta garantizó la participación ciudadana y se desarrolló cumpliendo con todos los estándares legales.

Minería legal vs. minería ilegal

La CME también advirtió que, en un contexto de proliferación de minería ilegal que genera graves impactos ambientales y sociales, la minería formal y responsable representa una alternativa viable para atraer inversión, generar empleo y proteger los derechos colectivos.

Finalmente, la Cámara aplaudió la voluntad del Estado ecuatoriano de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y basado en el respeto a los derechos de las comunidades.