El actual director provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, Pablo Piedra Vivar, el lunes 19 de mayo de 2025, presentó al Pleno su renuncia irrevocable al cargo. Falta de apoyo desde la planta Central e intereses de personas particulares lo llevaron a tomar la decisión.

Circunstancias  

El director provincial, quien seguirá en funciones hasta que acepten su dimisión, venía desempeñando el cargo desde el 23 de enero de 2024.

“Desde mi llegada busqué realizar una transición de una administración que venía siendo muy cuestionada hasta la actualidad que he logrado superar varios inconvenientes en beneficio de las personas, esto pudo generar incomodidad”, aclaró en referencia a su decisión.   

“Durante estos 15 meses al frente del Consejo de la Judicatura he trabajado arduamente; por ejemplo, hemos realizado eventos académicos orientados a fortalecer los conocimientos de la comunidad jurídica”, entre estos: derechos de la mujer, derecho del agua y derechos de la naturaleza. También el incremento de la tasa de resoluciones, ya que en el periodo de enero a diciembre de 2024 se registró el ingreso de 31.115 causas de las cuales se resolvieron 30.017 lo que representa una tasa de resolución del 0.96%”, afirmó.

Además, llevó adelante el proceso de selección de juez temporal para el Tribunal Contencioso Administrativo, aunque todavía sigue el déficit de 9 magistrados en la provincia. A la par, hubo la implementación de la Cámara de Gesell —a pesar que contaban con el espacio físico desde 2012, pero recién en 2024 se hizo realidad—.

Arriendos

Una de las problemáticas más complejas ha sido los canones de arrendamientos de los bienes inmuebles utilizados para las unidades judiciales en la ciudad de Loja. “Tratamos de reducir y transparentar los precios que paga el Consejo de la Judicatura en la provincia de Loja por concepto de arriendo de los inmuebles”, añadió.

Lograron en casi todos los bienes una reducción del 15% a 20%, los mismos que superaban la base, según un informe de la Dirección Nacional Administrativa a escala nacional situando a la provincia en el primer lugar como el que más pagaba en arriendo, sin embargo, el proceso del bien donde funciona la Corte Provincial de Justicia (ubicada en la calle Bolívar entre Rocafuerte y 10 de Agosto, frente al Banco de Loja), no ha podido concluir, en vista que existen algunos intereses y están en  contraposición con la actual administración.

“La problemática continúa porque el proceso enfrentó la oposición de diversos actores, incluidos servidores judiciales, propietario del inmueble (beneficiado durante más de 12 años) y la falta de respaldo de Planta Central. Además, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió dos procesos sin proporcionar motivación suficiente. El primero fue suspendido desde septiembre a diciembre de 2024, y el segundo fue subido al portal y el pasado 16 de mayo de 2025 nuevamente fue suspendido, pese a que solicitaban información cada 15 días de manera formal a la entidad de cómo andaba el proceso, pero nunca tuvieron respuestas.

Indicó que el año pasado, el canon de arrendamiento fue de alrededor de USD 8.500 y debido a las ofertas en el mercado colocaron un presupuesto referencial de USD 5.500 lo que representa un 40% menos, pero el proceso no avanzó. Aspira que la nueva autoridad concluya las labores iniciadas en cuanto a arriendos para unidades judiciales.(I).