El proyecto de la Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia pasó el segundo debate y ya enfrenta críticas, según analistas y juristas, dicha norma podría convertirse en un riesgo para la privacidad debido a que intervenir las comunicaciones de las personas sin orden judicial sería legal.

Circunstancias

El proyecto de Ley es una iniciativa que, según el oficialismo, será clave en la lucha contra el crimen organizado, sin embargo, varios artículos preocupan a la comunidad.

A decir del jurista penal Ramiro Rogel Guarnizo, la norma en vez de mejorar los controles democráticos institucionales, los disminuye, pues tendríamos un escenario similar a lo sucedido en regímenes autoritarios anteriores donde se “terminan instrumentalizando los servicios de inteligencia a su favor o a favor de sus amigos o parientes”.

Por ejemplo, la posibilidad de intervenir las comunicaciones de las personas sin orden judicial no solo es peligroso, sino un delito, la Constitución lo establece así y creo que una ley no puede ir por encima de la Carta Magna, aunque los gobiernos nunca han respetado a la misma.

Por su parte, para el analista político Kléver Sarango Puglla, añadió que la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción requieren respuestas integrales, coordinadas y democráticas. Este proyecto que pasó el segundo debate —silenciosamente porque se debatió en el mismo día que fue aprobada la reforma constitucional sobre establecimiento de bases militares extranjeras, con la finalidad de que la ciudadanía evite pronunciarse—, no ofrece soluciones reales, por el contrario, institucionaliza la impunidad, concentra el poder en el Ejecutivo y reduce al mínimo los mecanismos de control y fiscalización ciudadana y judicial.

En cambio, el abogado Efrén Chuquimarca, añadió que la situación es preocupante, una norma de este tipo viola todo tipo de derechos, donde la privacidad y al debido proceso serían legales, al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, se habilita una vigilancia masiva e inconstitucional sobre la ciudadanía. Además, impone una entrega obligatoria de información a instituciones, empresas y personas sin garantías, caso contrario serían amenazados con situaciones legal, sin protección de confidencialidad ni posibilidad de oposición.

Hacen un llamado a que haya una apertura de debate público y participativo, con organizaciones de derechos humanos, juristas, analistas y más, cuya finalidad sea buscar alternativas que mejoren la norma o definitivamente sea archivada.(I).