Las vías Santa Rufina-Misquillana en Chaguarpamba y Urdaneta-San Antonio de Cumbe en Saraguro de la provincia de Loja, siguen en litigio judicial entre el Gobierno Provincial de Loja y las contratistas, lo cual impidió ejecutar garantías y reanudar las obras, sin embargo, en esta última, la institución logró un fallo favorable.
Chaguarpamba
En agosto del año 2022, la Prefectura de Loja firmó el contrato con el Consorcio ‘Surcomek-Inmobicym-Urdaneta’ para la contratación del mejoramiento de la vía Urdaneta-San Antonio de Cumbe en el cantón Saraguro, de 7 kilómetros, con un monto de USD 3’084.002,87
A decir del Paulo Carrión Jumbo, procurador síndico del Gobierno Provincial, por incumplimientos del contratista, iniciaron el trámite de terminación unilateral del contrato, ante ello, el Consorcio presentó el 13 de marzo de 2024 una acción de protección en la ciudad de Guayaquil, impugnando el acto de terminación unilateral.
El juez de primer nivel en su momento aceptó al Consorcio la medida, hecho que “provocó que el Gobierno Provincial no pueda ejecutar las garantías, por lo que presentamos la apelación”, tuvo que pasar más de un año para que el martes 10 de junio de 2025, la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dicte el fallo a favor de la entidad provincial. “La acción favorable nos permite ejecutar las garantías de ley, es decir, el 5% del fiel cumplimiento del contrato y recobrar el anticipo que no fue devengado en su momento, también permite sin impedimento legal relanzar un nuevo proceso de contratación para asfaltar la arteria vial de suma importancia para los habitantes de las parroquias de Saraguro”, añadió.
Chaguarpamba
Similar situación hay en la vía Santa Rufina-Misquillana en Chaguarpamba, adjudicada en noviembre de 2021 y por incumplimiento de la empresa Asphaltvias Cía. Ltda., la Prefectura inició el trámite de terminación unilateral del contrato, pero fue impugnado a través de una acción contenciosa administrativa en la ciudad de Guayaquil. “Los magistrados, el 21 de marzo de 2023 aceptaron la medida y también dispusieron suspender la terminación unilateral, lo cual impidió también ejecutar garantías y relanzar el proceso de contratación”, añadió.
Llevan 2 años en este trámite, pero por competencia de territorio el proceso fue pasado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, entidad que aceptó el pedido de la Prefectura de suspender el acto, permitiéndoles ejecutar las garantías y demás acciones.
Aseveró que este tipo de juicios demoran bastante tiempo y hasta el momento están a la espera que dicten fecha y hora para la audiencia preliminar; estima que el juicio para concluir definitivamente les llevará alrededor de 2 a 3 años.
Recordó que el contrato fue suscrito en su momento por USD 3’406.493,36 y le entregaron a la empresa el 40%, es decir, USD 1’362.597,33.(I).