La nueva tasa de supervisión minera aprobada por el Gobierno de Daniel Noboa entró en vigor este viernes, 20 de junio de 2025, en medio de un fuerte rechazo por parte de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), que advierte graves afectaciones a la competitividad y a la seguridad jurídica del sector.

La resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) establece el pago obligatorio de una tarifa por “supervisión y control”, aplicable a todas las empresas con concesiones mineras, dependiendo de su tamaño y etapa de operación.

–Grandes y medianas empresas: pago semestral.

–Pequeñas empresas y minería artesanal: un solo pago anual.

El monto se calcula como un porcentaje del salario básico unificado (USD 470), y varía según la superficie de la concesión y la fase del proyecto. Los porcentajes van desde el 3% hasta el 100% del salario básico por hectárea. Las etapas de exploración pagan los valores más altos.

El primer pago debe realizarse antes de finalizar julio de 2025.

La implementación de esta tasa ha generado tensión entre el Gobierno y el sector minero. Apenas cuatro días antes de su entrada en vigor, el Gobierno aseguró mantener “un diálogo abierto” con las empresas. Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, aclaró ese mismo día que la medida no sería negociada.

“La tasa minera está en firme y no vamos a negociar ni dilatar este proceso”, afirmó Manzano durante la presentación de la reapertura del Catastro Minero.

La Cámara de Minería del Ecuador había solicitado suspender temporalmente la aplicación de la tasa mientras se instalaban mesas técnicas. La presidenta del gremio, Carolina Orozco, criticó duramente la postura oficial:

“Cerrar la puerta a la minería legal es abrir la ventana de la minería ilegal. Esta medida le resta toda competitividad al sector”.

El gremio advierte que esta tasa podría estimular actividades ilegales y disuadir futuras inversiones, afectando la sostenibilidad y expansión de proyectos mineros formales en el país.

El Ejecutivo espera recaudar hasta USD 229 millones mediante esta contribución, con el objetivo de financiar actividades de control ambiental, vigilancia y fiscalización de la actividad minera.