El domingo 22 de junio de 2025, durante el sexto día de audiencia preparatoria de juicio en el caso Triple A, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y para Raúl Z., por presunto incumplimiento de medidas cautelares impuestas previamente.

Este proceso judicial involucra a 16 personas naturales y seis jurídicas, investigadas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de derivados de hidrocarburos, tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La investigación fue iniciada tras una denuncia presentada por la Coordinación Zonal de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) en Guayas.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pericias que indicarían una afectación económica al Estado de más de USD 61 millones, producto de la supuesta comercialización irregular de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.

Además, se detectaron inconsistencias entre los volúmenes de combustible adquiridos y la capacidad real de almacenamiento de varias estaciones de servicio implicadas.

La estatal Petroecuador, en calidad de acusación particular, respaldó las conclusiones de la FGE y reiteró el pedido de que los procesados sean llamados a juicio.

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde respondió:

“Cero sorpresa. El fiscal va a ratificarse, obvio. Así funciona este tipo de procesos. Viene mi turno: ejercer mi defensa, presentar pruebas y desmontar cada invento de este juicio absurdo.
Mientras ellos lanzan titulares alarmistas, yo estoy aquí, en Quito, donde se lleva la audiencia. Caminando, con la gente. Mañana, rendición de cuentas en Guayaquil e inauguración de la Troncal 4”.