La Fiscalía procesa a 22 personas —19 militares, dos agentes penitenciarios y un recluso— por su presunta participación en la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, de la Penitenciaría del Litoral, uno de los centros carcelarios más peligrosos del país.

Fede, considerado un objetivo militar por el Gobierno, logró escapar el 20 de junio de 2025 tras un sofisticado plan que incluyó suplantación de identidad, uso de uniforme militar o penitenciario y millonarios sobornos. El Estado ofrece una recompensa de hasta USD 2 millones: uno por información que permita localizarlo y otro por su captura o neutralización.

Según la reconstrucción preliminar basada en inteligencia policial y militar, Fede fue contado a las 07:00 en su celda del ala 4 del pabellón 12, pero poco después fue trasladado junto a otros cuatro presos hacia una carpa en la zona exterior del penal. La movilización fue realizada por la agente penitenciaria Gabriela Juliet B. C., ahora procesada, quien afirmó haber recibido una orden verbal para trasladar a los detenidos.

Durante el trayecto, uno de los presos fue separado del grupo y entregado a militares que supuestamente se encargarían de él. Posteriormente, se determinó que solo cuatro internos regresaron a sus celdas. En ese lapso, según las investigaciones, Fede se habría puesto un uniforme militar o de guía penitenciario y salido del penal por el acceso del policlínico, presuntamente acompañado por elementos de las Fuerzas Armadas.

Testimonios indican que Fede habría suplantado a Luis Solórzano, otro de los reclusos procesados, quien confirmó que el narcotraficante utilizó su identidad para burlar los controles. El escape fue detectado por la tarde, cuando se realizó un nuevo conteo en el pabellón.

El entonces jefe de guardia penitenciario, Cristhian Rafael C. G., informó de la fuga al director del centro, Cruz Muñoz, quien dio aviso inmediato al ECU-911. La Fiscalía señala que Fede habría pagado más de USD 1 millón en sobornos para ejecutar su plan de evasión.

Durante la audiencia de formulación de cargos, celebrada la madrugada del 22 de junio, la Fiscalía destacó contradicciones entre los testimonios de los uniformados y los registros penitenciarios. Uno de los militares detenidos es defendido por Kevin Prendes, abogado conocido por haber representado al narcotraficante Leandro Norero y sentenciado por el caso Metástasis, aunque actualmente cumple medidas alternativas.

Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, es considerado uno de los nuevos rostros del narcotráfico en Ecuador. Su primera aparición pública ocurrió el 10 de mayo de 2024, durante un operativo policial en una fiesta organizada por Patucho, presunto cabecilla de Los Choneros. Entre los asistentes se encontraban Fede y Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

Pese al hallazgo de más de 30 armas en el lugar, la jueza Rocío Vega liberó a Fede y otros detenidos por supuestas fallas en el procedimiento policial. Dos meses después, fue recapturado durante el Operativo Gran Fénix 1, en el que se incautaron 767 paquetes de cocaína y 1.400 cápsulas de heroína.

De sicario a operador logístico del narcotráfico, Fede habría iniciado su carrera criminal hace más de 20 años, integrando un brazo armado de Los Choneros en Guayas y Los Ríos. Con la muerte de Rasquiña en 2020 y de JR en 2023, Fede fue ascendiendo hasta convertirse en un operador clave en rutas de droga entre Esmeraldas y Guayas, brindando seguridad, almacenamiento y transporte para estructuras nacionales e internacionales.

Su fuga ha encendido nuevamente las alarmas sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado y la corrupción en el sistema penitenciario ecuatoriano.