El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador manifestó su preocupación tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional la noche del martes 24 de junio de 2025.

La organización calificó las reformas como “regresivas” dentro del sistema de justicia penal juvenil y advirtió que podrían afectar de forma grave a los adolescentes involucrados en delitos. Según Unicef, no existen evidencias de que este tipo de medidas contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana.

“Este tipo de reformas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad. Además, podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y limitar la reintegración de los adolescentes”, señaló la agencia en un comunicado oficial.

Finalmente, Unicef hizo un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que se garanticen de forma efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La nueva ley: penas más duras y expulsiones de extranjeros

La Ley de Integridad Pública fue impulsada como proyecto económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La normativa fue aprobada con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, y modifica 20 leyes vigentes, entre ellas la de contratación pública y justicia penal.

Uno de los cambios más polémicos permite que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos, y enfrentan penas de hasta 15 años de prisión si están vinculados a delitos relacionados con el crimen organizado.

Otra disposición incorporada en el segundo debate fue la expulsión inmediata de presos extranjeros a sus países de origen, con una prohibición de reingreso al Ecuador por 40 años. Esta medida busca, según la Asamblea, reducir el gasto estatal en el sistema penitenciario. Esta es la segunda gran ley aprobada bajo el actual mandato, después de la Ley de Solidaridad Nacional contra la economía criminal.