El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó este lunes 30 de junio al exvicepresidente Jorge Glas y al exsecretario técnico Carlos Bernal a 13 años de prisión, tras hallarlos culpables del delito de peculado relacionado con el caso Reconstrucción de Manabí. Ambos fueron señalados como coautores del desvío arbitrario de fondos públicos provenientes de la Ley de Solidaridad, aprobada tras el terremoto de 2016.
Seguridad reforzada y evaluación médica
Glas arribó a la Corte alrededor de las 08:30 bajo fuerte resguardo policial. En los alrededores del edificio se desplegaron unidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras simpatizantes del exfuncionario se mantenían expectantes durante la audiencia. Como parte del procedimiento, se le practicó una revisión médica antes del fallo.
Decisión judicial y pruebas del delito
La jueza Mercedes Caicedo, quien encabezó el Tribunal, aseguró que la sentencia se basó exclusivamente en la acusación de la Fiscalía, las pruebas presentadas y los alegatos finales. Destacó que, aunque Glas no firmó contratos directamente, como presidente del Comité de Reconstrucción tuvo un rol determinante en la priorización de obras que no respondían a las necesidades derivadas del desastre natural.
Estas decisiones derivaron en la ejecución de 584 proyectos, muchos de ellos sin respaldo técnico. Se incluye, por ejemplo, la construcción del Parque Las Vegas en Portoviejo y obras viales en Manta, que no eran prioritarias ni justificaban contratación directa.
Daño al Estado por USD 225 millones
Según la Fiscalía, los fondos fueron utilizados para obras sin urgencia o justificación técnica, algunas incluso inconclusas o mal ejecutadas. La pericia presentada evidenció pagos indebidos y proyectos innecesarios, descritos como “elefantes blancos”. La Contraloría también respaldó los hallazgos, y el Tribunal concluyó que hubo un uso «excesivo y arbitrario» de recursos.
Además de la condena de prisión, se impuso una multa de 70 salarios básicos a cada sentenciado y una reparación integral al Estado de 225 millones de dólares, monto estimado del perjuicio ocasionado.
