Fernando Cortés Vivanco

Comencé a pensar este artículo mientras hacía trasbordo en la vía Loja-Vilcabamba y, para matar la espera veía historias en Instagram. Entre fotos de atardeceres, decenas de vecinos se quejaban de que llevaban días sin una gota de agua. Una postal de una ciudad y país gobernados por la improvisación: la política de la incompetencia.

Aceptar un cargo para el que no estas preparado es la primera forma de corrupción, porque pervierte la función pública antes de que circule el primer sobre de coima. Castoriadis vinculaba la salud de la democracia a la capacidad de la ciudadanía para darse sus propias reglas «con conocimiento de causa»; gobernar sin entender es, por tanto, negar la autonomía colectiva que hace posible la democracia misma.

La idoneidad no es un lujo tecnocrático sino un principio ético: quien administra bienes comunes debe dominar las herramientas básicas de su oficio. Lazzetta lo expresa con nitidez al subrayar que la vitalidad de lo público depende tanto de la energía deliberativa de la sociedad civil, como de la universalidad que el Estado está obligado a garantizar para cumplir la promesa democrática. Cuando la incompetencia gobierna esa universalidad se fractura; la esfera estatal termina en redes clientelares que reparten recursos como favores y cancelan la rendición de cuentas.

La profesionalización política debe caminar de la mano de un nuevo pacto solidario. El Estado democrático tiene la obligación de universalizar derechos y, al mismo tiempo, someterse a controles públicos que impidan su captura. Pero ningún eje meritocrático será realmente inclusivo si el acceso a la educación sigue sesgado por la cuna. Sin competencias distribuidas, la deliberación se vuelve espectáculo y la gestión, lotería.

Lo esencial, entonces, es hilar dos decisiones políticas complementarias: la primera, votar por gente preparada para su cargo y exigir un equipo acorde a los desafíos de política pública; y segunda, luchar contra la desigualdad y garantizar un sistema educativo que convierta la idoneidad en horizonte alcanzable para todas y todos.
Un Estado que se toma en serio la profesionalización no excluye la participación pública; la potencia. Porque un ciudadano informado y un burócrata competente comparten la misma premisa fundante: no se transforma lo que no se comprende. Allí donde la idoneidad se convierte en regla, la incompetencia deja de ser costumbre y la democracia recupera su sentido. Necesitamos un gobierno de quienes saben que el poder es, antes que nada, responsabilidad cívica.