
El presidente Daniel Noboa propone penar a violadores con castración química, cárcel y un registro reservado para evitar en el futuro laboren en actividades que involucren a niños, niñas y adolescentes. Jurista y ciudadanía con criterios divididos sobre la propuesta, aunque coinciden que podría disminuir delitos de carácter sexual.
Circunstancias
La castración química consiste en un tratamiento médico que busca disminuir la libido o el deseo sexual mediante el uso de fármacos dirigidos a reducir la circulación de la hormona testosterona en la sangre. El procedimiento solo tiene un efecto temporal y reversible, aunque con efectos secundarios como enfermedades diabetes, infarto y accidentes cerebrovasculares.
En ese contexto, el proyecto de reforma a la Constitución fue enviado al pleno —el viernes 11 de julio de 2025— y deberá ser analizado por los legisladores, posterior la Corte Constitucional.
Para el jurista lojano Jairo Rojas, la propuesta si logra pasar sería la primera en Latinoamérica, ya que meses atrás un proyecto similar fue rechazado en el Perú, “aunque situándonos en el perfil de las decenas de víctima es una pena razonable, pues estas personas no cambiarán a menos que su castigo sea ejemplar, con ello, podría disminuir los casos de carácter sexual”.
Actualmente, la Constitución lo prohíbe y es necesario su reforma para la aplicación, también reformar algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con la finalidad que la sentencia sea definitiva y no apelable. “Un cambio de esta naturaleza requiere socialización y análisis, posiblemente hasta finales de 2025 podría entrar en vigencia”, añadió.
En cambio, para la ciudadanía es una decisión razonable. Sergio Vicente dijo que este tipo de personas no deberían existir, ya que hacerle daño a un menor de edad es lo más abominable.
En cambio, Mercedes Namicela, acotó que a más de la castración química deberían sentenciarlos con una pena de por vida porque los pedófilos no cambarían nunca. “Ellos fallaron a la sociedad al atacar a un niño y su única forma de pagar es desapareciendo de la faz de la tierra”.
Mientras que, Marcelo Ortiz aspira que los legisladores en su mayoría apoyen la iniciativa, “es hora que este tipo de personas tengan un verdadero castigo porque hicieron daño a niños, quienes por más terapias tendrán traumas toda su vida”.
Además, “considero que si el acusado es un familiar el castigo debe incrementarse, pues creo que el hogar es el sitio más seguro”.(I).
