El Gobierno ecuatoriano reconoció este 14 de julio de 2025 un grave caso de violencia obstétrica cometido contra una adolescente venezolana de 17 años, a quien se le practicó una ligadura tubárica sin consentimiento informado en el Hospital General Universitario de Guayaquil. El procedimiento fue realizado durante su parto en 2020, sin explicarle los riesgos ni alternativas, y bajo presiones médicas que vulneraron su autonomía y derechos reproductivos.

Durante un acto oficial, el gerente del hospital, Hugo Hernández, ofreció disculpas públicas a la víctima —identificada como Yolanda— reconociendo que se violó su derecho a decidir sobre su cuerpo. “Se ejecutó una esterilización con coerción, sin información adecuada y en condiciones que constituyen violencia obstétrica, tal como lo estableció la Corte Constitucional”, expresó.

La joven fue sometida a la ligadura bajo la advertencia de que podría morir si tenía otro embarazo, en medio de una condición de preeclampsia. Sin compañía ni asesoría, firmó un documento mientras ya estaba anestesiada. La Corte calificó el hecho como una muestra de “violencia estructural ejercida en contextos de poder entre el personal médico y la paciente”.

“Ninguna mujer merece pasar por esto”, dice Yolanda

En el acto, Yolanda manifestó que, aunque las disculpas no reparan los daños sufridos —incluidas secuelas físicas y emocionales—, espera que su caso siente un precedente. “Deseo de corazón que esto no se repita. Ninguna mujer, ninguna migrante, ninguna menor de edad merece ser tratada así”.

Su abogada, Petrick González, advirtió que hubo discriminación interseccional por ser extranjera, menor de edad y de escasos recursos. Anunció además que buscarán impulsar una reforma legal para tipificar la violencia obstétrica como delito en el Código Penal, pues actualmente solo se sanciona la esterilización forzada, dejando fuera otros tipos de abusos médicos.

El Estado debe cumplir con reparación integral

La Corte Constitucional ordenó al Estado ecuatoriano indemnizar a Yolanda con USD 15.000 y sancionar a los médicos responsables. También dispuso la adecuación de protocolos del Ministerio de Salud y la capacitación obligatoria al personal médico en temas de derechos sexuales, reproductivos y consentimiento informado. Este caso, ampliamente repudiado por organizaciones de derechos humanos, reabre el debate sobre la garantía de derechos a mujeres migrantes, el consentimiento médico, y la urgencia de erradicar prácticas violatorias en los servicios de salud públicos.