El Congreso de El Salvador, controlado por el oficialismo, aprobó este jueves 31 de julio de 2025 una reforma constitucional exprés que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, en una polémica decisión que ha sido calificada por la oposición como el fin de la democracia en el país.
La reforma fue aprobada con 57 votos a favor y 3 en contra, todos de legisladores oficialistas, en medio de una semana festiva y con escasa cobertura pública. Entre los cambios, se incluye la eliminación de la segunda vuelta electoral y la unificación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Esta reforma, promovida por el partido del presidente Nayib Bukele, le permitirá postularse de forma indefinida. También se propuso acortar su actual mandato, que debía finalizar en 2029, hasta 2027 para adelantar elecciones generales bajo las nuevas reglas.
“Solamente el pueblo decidirá hasta cuándo apoya a su presidente”, afirmó la diputada oficialista Ana Figueroa durante el debate.
La diputada opositora Marcela Villatoro denunció la aprobación como un acto cínico:
“Hoy ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”.
A pesar de las críticas, Bukele continúa gozando de una alta aprobación popular por su política de mano dura contra las pandillas, que ha reducido los índices de violencia a mínimos históricos, aunque bajo un régimen de excepción que ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo dicho régimen, el cual permite detenciones sin orden judicial. Según ONGs como Cristosal y Socorro Jurídico, más de 87.000 personas han sido arrestadas, muchas sin pruebas suficientes, y al menos 430 han muerto en prisión.
La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que El Salvador “sigue el camino de Venezuela” al permitir la reelección indefinida a través de reformas impulsadas por un liderazgo altamente popular, pero autoritario.
Esta reforma no requerirá ser ratificada por una futura legislatura, ya que el Congreso oficialista modificó ese requisito en abril de 2024, permitiendo su aprobación inmediata.
