El 28 de julio de 2025, la entonces vicealcaldesa Diana Guayanay juró como alcaldesa de Loja, para completar el periodo 2023-2027 que dejó vacante Franco Quezada, removido por el Concejo Cantonal y cuya destitución fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral el 18 de julio. Este relevo, ocurrido en medio de una crisis de agua potable, ha reactivado la esperanza de un gobierno local más efectivo y cercano.
Si consideramos los antecedentes, las grietas del pasado, la caída de Quezada no fue un accidente político sino la consecuencia de infracciones: incumplió la obligación de rendir cuentas mensualmente y aprobó reformas presupuestarias sin aval del Concejo, violando el artículo 333 del COOTAD. A la par, la administración toleró un deterioro creciente de los servicios básicos. Por ejemplo, las lluvias de julio provocaron 12 deslizamientos en la línea Carigán y dejaron a más del 70% de la población sin agua durante casi un mes, con unos 70 barrios afectados.
En este contexto, el punto de inflexión sobre ese tablero ingobernable, se proyecta la nueva mandataria. Diana Guayanay no solo recibió el bastón institucional; heredó cuentas tensas, obras rezagadas y una ciudadanía exhausta. Consciente de ello, usó su discurso de posesión para marcar ruptura y una nueva narrativa: “No será una administración de discurso, sino de acción; trabajaremos con responsabilidad y eficiencia en agua potable, vialidad, saneamiento ambiental, institucionalidad y parroquias rurales”. Anunció inspecciones técnicas 24/7 y la “reasignación urgente de recursos” para reparar la infraestructura.
Las primeras señales para tratar de alejarse en términos de gestión de su antecesor, fue que en sus primeras 48 horas activó frentes de trabajo para sectorizar la distribución del líquido vital, acciones inmediatas obre el Plan Maestro de Agua Potable y ordenó auditar contratos heredados. También exigió transparentar el portal de compras públicas y renegociar deudas con proveedores para reactivar obras paralizadas. Estas decisiones buscan demostrar que la nueva administración opera con métricas y plazos, no solo con declaraciones.
En este caos heredado, la oportunidad y el desafío al que se enfrenta, se basa en el capital político que hoy posee está hecho de expectativas. Si convierte la emergencia en motor de reformas, como publicar un cronograma de restitución del servicio, abrir el presupuesto al escrutinio ciudadano, profesionalizar y modernizar al Municipio de Loja, y, dialogar con los barrios, el cantón podría transitar de la penuria a la resiliencia. Caso contrario, el desgaste llegará tan rápido como el agua tarde en volver a los grifos de la mayoría de hogares lojanos.
Loja no solo necesita tuberías reparadas; reclama confianza, transparencia y resultados concretos. Diana Guayanay dispone de menos de dos años para demostrar que el relevo no fue cosmético. La historia juzgará su liderazgo por la rapidez con la que los lojanos pasen de cargar baldes a planificar su desarrollo. Por ahora, el reloj político vuelve a correr y, con él, la expectativa de mejores días para el cantón.