La Corte Suprema de Brasil dictó este lunes 4 de agosto de 2025 el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, tras comprobar que incumplió medidas cautelares impuestas en el marco del juicio en su contra por intento de golpe de Estado.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del proceso, también prohibió a Bolsonaro recibir visitas no familiares y ordenó a la Policía Federal confiscar sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, para evitar que utilice redes sociales directa o indirectamente.

Según la resolución, el exmandatario habría violado las restricciones al aparecer en mensajes transmitidos por cuentas de sus aliados y familiares, incluyendo a sus tres hijos parlamentarios. En dichos contenidos, se incitaba a la desobediencia civil, se alentaban ataques contra el Supremo Tribunal Federal (STF) y se pedía una intervención extranjera en el sistema judicial brasileño.

La medida se dictó un día después de que se difundieran videos de Bolsonaro en redes sociales de sus allegados, desafiando expresamente la prohibición de comunicarse por estos medios.

El juez De Moraes advirtió que estas acciones reflejan una “reiteración delictiva” y justifican medidas más severas. En su fallo, aseguró: “No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar. Es necesaria una respuesta más drástica para evitar nuevas violaciones”.

El caso se relaciona con el proceso judicial que investiga a Bolsonaro por encabezar un presunto complot para impedir la posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elegido democráticamente en 2022. La Fiscalía sostiene que el exmandatario discutió con ministros y militares estrategias para anular los resultados electorales, y que alentó la violenta toma de los edificios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ocurrida el 8 de enero de 2023.

En paralelo, el expresidente estadounidense Donald Trump —quien ha expresado públicamente su apoyo a Bolsonaro— impuso sanciones económicas contra Brasil, incluyendo un arancel adicional del 50 % a productos brasileños. Además, retiró las visas a ocho de los once jueces del STF y ordenó el congelamiento de los bienes del magistrado Alexandre de Moraes.