Fernando Cortés Vivanco
El silencio es cómodo, pero también irresponsable cuando el autoritarismo se abre camino. Echándole un ojo a X veo, por ejemplo, que la Corte Nacional de Justicia, Amnistía Internacional y la ONU advierten sobre un punto neurálgico: la independencia judicial. La Corte recordó que “la discrepancia de criterios es natural en cualquier democracia, pero debe ser resuelta a través de los cauces constitucionales y legales”. Amnistía pidió que la Corte Constitucional “pueda operar sin presiones políticas”, y la ONU calificó de “inaceptables” los ataques contra ella.
El detonante: la suspensión por la Corte Constitucional de artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo. La reacción gubernamental: movilización pública contra jueces. Arendt, referente fundamental para el entendimiento del autoritarismo, nos diría que esto es un riesgo de “disolución de los elementos tradicionales del mundo político”, el proceso previo para la instauración del sistema totalitario.
Para Arendt, la esencia del totalitarismo no reside solo en concentrar poder, sino en transformar el orden legal en instrumento de ese poder, anulando contrapesos y destruyendo el espacio político plural. La independencia judicial funciona como muro de contención, protege derechos y también mantiene el poder bajo la ley, evitando su conversión en pura voluntad del gobernante de turno.
Montesquieu ya advertía: “Todo estaría perdido si la misma persona ejerciese a la vez las tres potestades”. La erosión de esa separación no siempre ocurre por reformas explícitas, sino por prácticas que vacían de sentido a las instituciones, degradándolas hasta convertirlas en adornos del poder.
Rousseau también subrayaba que la soberanía reside en el pueblo como cuerpo colectivo, pero que su ejercicio requiere instituciones que traduzcan la voluntad del pueblo sin someterse a caprichos momentáneos. La presión sobre el órgano que controla la constitucionalidad implica ceder, en la práctica, un derecho político fundamental: que las leyes se evalúen sin injerencia.
Sartori complementa esta visión advirtiendo que la democracia es un sistema, no solo un procedimiento: “El constitucionalismo limita el poder, y sin límites efectivos el gobierno de la mayoría degenera en tiranía”. Sin jueces capaces de fallar contra el gobierno sin temor, el sistema degenera en un circo electoral.
En Ecuador, el debate ya no es solo sobre leyes: se trata de preservar un principio fundante del Estado de derecho: que la ley limite al poder y no sea moldeada a su conveniencia. Reconocer a tiempo ese patrón y reafirmar la independencia judicial no es cosa de abogados o politólogos, es un imperativo de toda persona que defienda la democracia.