La Asamblea Nacional debatirá este martes 26 de agosto la denominada Ley de Transparencia Social, enfocada en regular y controlar a las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro en Ecuador. Sin embargo, como ocurrió en anteriores proyectos urgentes, el texto incluye reformas a varias normativas ajenas al objetivo central.

La Comisión de Desarrollo Económico tramitó la propuesta en 18 días y, además de exigir que las fundaciones reporten su estructura, financiamiento y resultados, plantea que estas queden bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Pero el informe también incorpora modificaciones a siete leyes, entre ellas:

–Ley contra el Lavado de Activos: La UAFE podrá revisar las finanzas de ministros, viceministros, directores y sus familiares hasta segundo grado, una vez que dejen el cargo. Además, tendrá facultades para inmovilizar fondos sospechosos y se implementará una plataforma para el intercambio de información entre UAFE, Fiscalía, Policía y Superintendencia de Bancos.

–Ley de Minería: Se reducen plazos de defensa y subsanación en procesos de caducidad de concesiones. También se establece la pérdida de derechos si no se cumplen las inversiones comprometidas.

–Código de Planificación y Finanzas Públicas: Se exonera del pago de tributos nacionales y municipales las transferencias de bienes entre entidades públicas, incluidas matrículas y tasas vehiculares.

–Régimen Tributario Interno: Se modifican las reglas para el cálculo y pago de utilidades y dividendos, con lo que el Gobierno prevé recaudar USD 545 millones adicionales.

El oficialismo y sus aliados de Pachakutik e independientes necesitan 77 votos para aprobar este cuarto proyecto urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, que se suma a las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia, todas en revisión por la Corte Constitucional.