Edwin Villavicencio
Ecuador se encuentra nuevamente en la antesala de una Asamblea Constituyente. La vigésima primera constitución parece inevitable, como si nuestra historia estuviera marcada por el afán de reiniciar todo desde cero. Sin embargo, la experiencia es clara: no basta con escribir nuevas normas; el problema no han sido las constituciones, sino quienes las redactan y, sobre todo, quienes las aplican. La letra puede cambiarse una y otra vez, pero si persisten las mismas prácticas políticas y ciudadanas, el resultado será el mismo: frustración.
Robert Dahl, en su teoría de la democracia, planteó que esta requiere ciertas condiciones mínimas para sobrevivir. Una de ellas es la comprensión ilustrada, es decir, que los ciudadanos, y por extensión sus representantes, comprendan los temas en debate, manejen información verificada y decidan con base en evidencias, no en consignas. En Ecuador, la ausencia de esa comprensión ha llevado a que las constituciones se conviertan en catálogos de aspiraciones sin traducción práctica. Una nueva constituyente corre el mismo riesgo si se reduce a una vitrina de discursos populistas y no a un espacio de deliberación seria.
Los constituyentes que redacten el nuevo texto deberían cumplir requisitos mínimos: conocimiento en derecho, economía o ciencias sociales; experiencia en lo público; solvencia ética probada y apertura al debate plural. No se trata de elegir tribunos de la emoción, sino diseñadores de reglas que duren décadas. Redactar una constitución exige visión de Estado, no cálculos inmediatos.
Pero igual de importante es el papel de quienes aplicarán la constitución: jueces, legisladores, funcionarios y ciudadanos. Una carta magna, por bien escrita que esté, se convierte en letra muerta si no se respeta la independencia de los poderes, si se incumplen las normas o si la ciudadanía no exige cuentas. Las constituciones fallan menos por sus vacíos jurídicos que por la cultura política que las traiciona.
Aquí radica el desafío: la responsabilidad es doble. Los constituyentes deben estar a la altura de la historia, y la sociedad debe aprender a vivir dentro de los marcos que ella misma aprueba. Refundar no significa empezar de cero cada década, sino consolidar instituciones capaces de resistir el paso del tiempo. La democracia moderna exige desprenderse de las ataduras de visiones caducas: el personalismo, la creencia de que un texto sagrado transformará mágicamente la realidad, o la tentación de usar la constituyente como atajo para el poder.
El Ecuador necesita menos poesía constitucional y más realismo institucional. La pregunta central no es qué nueva constitución queremos, sino qué nuevos ciudadanos y dirigentes tendremos para cumplirla. Como advertía Dahl, sin comprensión ilustrada, ninguna democracia puede sostenerse. Y sin ciudadanos críticos, ninguna constitución será suficiente.
A puertas de una nueva constituyente, el verdadero reto no es refundar lo refundado, sino transformarnos nosotros mismos. Solo así el país podrá romper el ciclo de la ilusión y empezar, por fin, a construir un futuro que no se reescriba cada diez años, sino que se viva con coherencia y madurez democrática.