Fernando Cortés Vivanco
Cada cierto tiempo, Ecuador se promete un nuevo comienzo. Se anuncia una Constitución, una consulta, un gobierno, un cambio de reglas. Pero los días siguen iguales: la ley no llega a todos, la justicia es miope, la inseguridad se multiplica. Y el país, exhausto, vuelve a creer que el problema está en la norma y no en la capacidad estatal que la sostiene.
Guillermo O’Donnell explicó que el Estado no es solo un aparato legal, sino un entramado de capacidades efectivas: burocráticas, coercitivas, normativas…Donde estas se interrumpen aparecen las zonas marrones, espacios donde la ley es parcial, donde la ciudadanía existe solo en los papeles. Allí las instituciones no median la vida social, la arbitrariedad lo hace. En tales condiciones, una nueva Constitución no amplía derechos ni da seguridad; apenas multiplica promesas.
Pierre Rosanvallon, desde otra orilla, habló de la nueva cuestión social: la fractura del vínculo entre igualdad y pertenencia. En sociedades atravesadas por la precariedad, la democracia se refugia en legitimidades procedimentales: consultas, plebiscitos, reformas que sustituyen el trabajo de reconstruir solidaridades por la ilusión de participación instantánea. Cuando la cohesión se quiebra, la política deja de producir comunidad y se convierte en espectáculo.
Entonces, el núcleo de nuestra coyuntura: constituciones sin Estado y consultas sin sociedad. Sin Estado, porque las capacidades institucionales son fragmentarias, porque la ley carece de densidad y la autoridad no sabe ejercer más que populismo y autoritarismo. Sin sociedad, porque la precariedad y la polarización erosiona la confianza y transforma la sobrevivencia y la negación del otro en norma. La política, al no poder gobernar la realidad, administra solo símbolos.
Esto no descalifica las reformas ni la democracia directa; recuerda su sentido. La eficacia de una constitución depende de la estatalidad que la haga valer, y la legitimidad de una consulta depende del tejido social que la sostenga. Primero la capacidad, luego el texto. Primero la cohesión, luego la papeleta.
La ciudadanía de papel es lo previo al desencanto social, porque las demandas sociales tienen respuesta en discurso, pero el discurso no tiene acción que lo sostenga. Asimismo, sin nuevas formas de solidaridad, no hay autoridad legítima. En Ecuador, ese doble déficit produce una paradoja: multiplicamos los procedimientos democráticos mientras disminuye la experiencia democrática.
El país no necesita refundarse cada década. Necesita, por fin, construir las condiciones para que cualquier refundación tenga sentido. La tarea no es escribir otra Constitución, sino hacer creíble la existente. Reinstalar la idea de que el poder sirve a lo común, que la ley protege, que la vida vale igual en todas partes.
Porque un país no se rehace con reformas, sino con instituciones estables y con organización social solidaria. Y porque así —a golpes de promesa sin capacidad— así, no se construye país.