Un grupo de ciudadanos anunciaron el inicio de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa Azin, por presuntos incumplimientos constitucionales y una percepción social marcada por la inseguridad y la falta de resultados. Juristas y ciudadanía con criterios divididos sobre la propuesta.

Circunstancias 

La recolección de firmas con miras a impulsar la revocatoria del mandato del presidente de la República comienza a tomar fuerza como una iniciativa ciudadana amparada en la normativa constitucional vigente. El planteamiento se sustenta en lo que sus promotores consideran un incumplimiento de deberes, entre ellos la presunta salida del país sin haber solicitado la licencia correspondiente.

El abogado en libre ejercicio y excoordinador Zonal 7 de Educación, Luis Cuenca Medina, explicó a Diario Crónica que la Constitución y el Código de la Democracia facultan a la ciudadanía a iniciar un proceso de revocatoria de mandato, siempre que cumplan los requisitos establecidos. “En el caso de la Función Ejecutiva, el presidente no habría cumplido con el plan de trabajo registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que le permitió su llegada al poder”.

Una vez iniciado, el procedimiento podría extenderse entre seis y ocho meses, y la eventual consulta popular llevaría nuevamente a la ciudadanía a las urnas. No se descarta que este proceso pueda unificarse con las elecciones seccionales previstas para febrero de 2027, por los tiempos que podrían coincidir.

Además, la normativa vigente establece que, tras cumplirse un año de gestión y ante el incumplimiento de al menos el 40% del plan de gobierno, se habilita la recolección de firmas. Para este caso, requerirán el respaldo del 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral a escala nacional.

En la misma línea, el jurista constitucional José Andrés Reyes Calva afirmó que, desde el inicio del actual mandato, el país no ha evidenciado avances significativos. Señaló que la inseguridad persiste, no existen obras relevantes, hay escasez de medicinas y la migración continúa en aumento.

“Considero que un amplio sector de la población podría apoyar la iniciativa, pero, no sería suficiente para concretar la revocatoria, debido a que en la población aún existe expectativa de un cambio en la gestión gubernamental”, dijo.

Indicó que sí llegará a ser revocado, la vicepresidenta María José Pinto no representaría una variación sustancial en el rumbo del Gobierno, por lo que, según su análisis, la situación seguiría sin mayores modificaciones.

Criterios

Mientras tanto, la ciudadanía expresa opiniones divididas frente a la propuesta. Algunos sectores consideran necesario activar los mecanismos de control democrático, mientras otros llaman a la unidad y al respaldo institucional. “En los últimos años se ha gastado demasiado en procesos electorales, recursos que pudieron destinarse a inversión o a la preparación para enfrentar el invierno o las sequías”, manifestó la ciudadana Rosa Guerrero.

El apoyo o no a este tipo de procesos depende que el mandatario empiece a encaminar los proyectos en las 24 provincias y particularmente Loja, una región en constante abandono.(I).