La dimisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, reabre el debate sobre las funciones que cumplen las diferentes instituciones y la intromisión en la justicia, mientras el escenario venezolano expone consecuencias políticas a nivel local.

Renuncia

El analista político, Gustavo Ortiz Hidalgo, en diálogo con Diario Crónica, manifestó que la renuncia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, representa un acto de dignidad. “Lamento la salida de un profesional de primera categoría, quien cometió un error al no guardar la precaución de nominar por dos ocasiones dentro de la terna a Mario Godoy, actual titular del Consejo de la Judicatura”.  

Actualmente, corresponde que el pleno de la Corte resuelva la designación de una autoridad encargada, bajo figura subrogante. “El panorama resulta complejo, debido a que, entre 21 jueces, 10 son titulares. Aspiro una pronta superación de tales dificultades, considerando la jerarquía institucional como máximo órgano del Estado”, dijo.

En ese ámbito, el sistema de justicia ecuatoriana enfrenta complicaciones estructurales, producto de transformaciones introducidas mediante la Constitución del año 2008, las cuales afectan el funcionamiento institucional. A modo de referencia histórica, la Constitución de 1998 otorgaba al pleno de la Corte Suprema de Justicia la calidad de máximo órgano de la Función Judicial, con atribución para designar un ente administrativo, función ejercida por el Consejo de la Judicatura.

No obstante, la Constitución de 2008 alteró tal esquema y ubicó al Consejo de la Judicatura por encima de los jueces. Además, dicha entidad orientó acciones hacia la intervención dentro de resoluciones judiciales, generando tensiones internas y cuestionamientos sobre la independencia.

El analista sostuvo la necesidad de impulsar dos reformas estructurales en un plazo corto. La primera apunta a retirar competencias nominadoras al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con traspaso de atribuciones hacia la Asamblea Nacional mediante una enmienda constitucional. La segunda propone eliminar la condición del Consejo de la Judicatura como máximo órgano del sistema judicial.

Venezuela

Por otro lado, tras la captura de Nícolas Maduro, la reacción ciudadana mostró respaldo, al considerar ilegítimo su mandato, debido a la usurpación electoral y a la ausencia de actas oficiales. Sin embargo, el escenario habría resultado distinto frente a una acción dirigida contra un gobernante elegido democráticamente, como Gustavo Petro.

“Ahora es necesario respaldar un retorno gradual hacia la democracia, considerado el único camino viable. La población venezolana atravesado un sufrimiento prolongado, incluso más de ocho millones de personas abandonaron su territorio natal en búsqueda de mejores condiciones de vida”, añadió.

Dentro de este contexto, diversos actores políticos locales enfrentarán cuestionamientos por presunto financiamiento externo, vinculado a la Revolución Ciudadana. Incluso, el expresidente Rafael Correa afirmó asesorías brindadas al exmandatario venezolano Nícolas Maduro.

Ortiz Hidalgo enumeró dos errores del correísmo: el respaldo a Nícolas Maduro como presidente legítimo y la propuesta de eliminar la dolarización para retomar el sucre. Expresó el deseo de que la ciudadanía comprenda que organizaciones como la Revolución Ciudadana conciben la democracia únicamente como “vía de acceso al poder, para luego concentrarlo, ejercer abuso y otorgar marco constitucional a prácticas de corrupción”, acotó.(I).