Inminente intervención militar en el Parque Nacional Podocarpus para desalojar a mineros ilegales

A group of soldiers in camouflage uniforms hiking along a dirt path, carrying large backpacks and rolled sleeping mats, surrounded by greenery and mountains.
Despliegue militar en el menor tiempo posible en el Parque Nacional Podocarpus.

Más de 200 campamentos clandestinos de minería ilegal estarían operando en las cercanías y el interior del Parque Nacional Podocarpus. Autoridades preparan intervención militar para frenar daños ambientales con el desalojo de las personas en este sector.

Circunstancias

La persistencia de actividades extractivas ilícitas en la zona limítrofe entre Loja y Zamora Chinchipe mantiene en máxima alerta a organismos ambientales y fuerzas de seguridad. El problema adquiere mayor gravedad por su ubicación dentro del Parque Nacional Podocarpus, una de las áreas naturales más biodiversas del país, declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO.

Históricamente Zamora Chinchipe ha girado en torno a la minería, sin embargo, en los últimos tiempos, especialistas advierten consecuencias directas para la capital lojana, debido a la conexión hídrica y ecológica entre ambos territorios.

Los focos más críticos aparecen en San Luis, Dos Camas y La Aida, ubicados dentro del área protegida y próximos al límite provincial. Informes técnicos estiman la existencia de más de 200 campamentos dedicados a la extracción aurífera.

El ingeniero ambiental y exdocente universitario, Sergio Coello, expresó a Diario Crónica que entre los impactos más severos figura el empleo de mercurio para recuperar oro. Este metal pesado posee alta toxicidad, no presenta degradación sencilla y puede permanecer en el entorno durante siglos. “Este elemento contaminante ingresa a la cadena alimenticia porque llega con el agua, afecta ecosistemas y compromete la salud humana, con efectos acumulativos de largo plazo”.

Además, la deforestación porque los métodos de explotación incluyen modalidades a cielo abierto y subterráneas; esta última predomina mediante perforación de túneles que alteran suelos, cursos de agua y cobertura vegetal.

Recordó que el Parque Nacional Podocarpus alberga más de 630 especies de aves, así como anfibios, reptiles, insectos y flora endémica, varias catalogadas en peligro de extinción, lo que incrementa la vulnerabilidad del patrimonio natural.

Inseguridad

A esta realidad se suma un escenario de inseguridad. El domingo 18 de enero de 2026, hubo una alerta por una persona herida con arma de fuego durante labores vinculadas a minería ilegal en San Luis. Tras el incidente, la Policía Nacional activó operativos permanentes en coordinación con el Ejército Ecuatoriano. Las acciones abarcaron Loyola, El Porvenir del Carmen y Romerillos Alto, con controles vehiculares, patrullajes preventivos y verificación de ciudadanos que abandonaban el área minera hacia zonas pobladas. Durante los procedimientos, autoridades reportaron al menos tres heridos.

Desalojo

En ese contexto, coronel Erick Erazo Bonifaz, comandante de la Brigada de Infantería N.º 7 “Loja”, expresó en exclusiva a Diario Crónica que el parque posee carácter reservado y enfrenta presencia sostenida de minería ilegal desde hace varios años.

“Ante la situación que sucede en este lugar protegido, la institución tramita autorizaciones ante el Ministerio de Ambiente y Energía para ejecutar desalojos de las personas dedicadas a esta actividad en el menor tiempo posible, principalmente asentadas en San Luis”, afirmó.

Actualmente, equipos militares desarrollan reconocimientos aéreos y terrestres para definir helipuertos y puestos de mando destinados al personal que participará en la intervención. “Permaneceremos en territorio hasta lograr la evacuación total de quienes desarrollan extracción ilícita dentro del parque”, refirió.(I).

El Parque Nacional Podocarpus con aproximadamente 146.280 hectáreas, es una de las 73 áreas protegidas definidas por Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. También, forma parte de la Reserva de Biosfera Podocarpus – El Cóndor, reconocimiento otorgado por la UNESCO.

Estiman que hay alrededor de 4.500 personas habitando de forma ilegal en los tres frentes mineros descritos.