Ofertas de campaña inservibles

Antonio C. Maldonado V.

a.maldonado@hotmail.com

Para las anticipadas elecciones de dignatarios seccionales, puestas en conocimiento por los Partidos y Organizaciones Políticas, fijadas por el Consejo Nacional Electoral —CNE—, desde junio de este año comienza el calendario electoral hasta el día de las votaciones, como todos sabemos tienen un tiempo limitado para llevar a efecto la denominada campaña electoral, esto es, desde el jueves 12 de noviembre al jueves 26 de noviembre de 2026, y el día de las votaciones para que el Soberano exprese en las urnas los dignatarios de los Organismos Seccionales para el domingo 29 de noviembre de 2026, esto es, durante 14 días se realiza la campaña, seguidos de dos días de silencio electoral.

Desde la convocatoria por el CNE, sin acogerse al lapso de tiempo, el Gobernante, entre otras ofertas de campaña hace hincapié permanente en el programa de viviendas Miti- Miti, que permite acceder a créditos hipotecarios hasta 30 años con condiciones favorables para los adquirentes con una tasa de interés subsidiada por el Gobierno de hasta el 4,99% anual y con la posibilidad de acceder con el 5% de entrada, el programa financia viviendas catalogadas como Vivienda de Interés Social – VIS, y Vivienda de Interés Público – VIP, que tienen precios máximos establecidos por el Gobierno, esta oferta gubernamental resulta inservible porque no solo los adquirentes sino todo el pueblo ecuatoriano carecerán también de energía eléctrica, agua potable y servicio de hospitales; el servicio de energía eléctrica se conoce por los medios de comunicación de todo el país porque los dignatarios gubernamentales que tienen a su cargo está misión son el Ministro de Energía y Minas y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, son los entes encargados de regular y controlar el sector eléctrico, incluyendo la normativa para cortes de energía; como a la población de nuestro país ya le tocó soportar el horario de apagones, que no solamente obliga a las autoridades de la seguridad pública a controlar la delincuencia y la actividad mercantil a provisionarse de los generadores eléctricos que funcionan con gasolina que la venden en las gasolineras en cantidades limitadas y justificadas.