Santiago Armijos Valdivieso
Todos los escándalos de corrupción en materia de contratación pública, que tanto daño han hecho al Ecuador, constituyen la penosa ratificación de que esta sigue siendo el principal foco de descomposición social y corrupción que, desde hace mucho tiempo, alcanza un amplio y pernicioso radio de acción que toca a contratistas y a mandos públicos de todo nivel.
Lo más delicado de todo esto es que la figura de la contratación pública, como tal, es una herramienta jurídica válida, racional, civilizada y de fundamental importancia para la sociedad y el bien común, dado que el Estado y sus instituciones en general, más los gobiernos provinciales, cantonales o parroquiales, requieren permanente e ineludiblemente de la contratación de obras, bienes y servicios para atender las necesidades colectivas insatisfechas. Claro está, en el plano legal y del deber ser, todo esto debería evitar el abuso de poder, el clientelismo político, la corrupción y el despilfarro. Si me apuran, podría concluir que, para una tramitación legal, honesta y eficaz, en todo proceso de contratación pública se debe respetar al menos lo siguiente: 1. Identificar inequívocamente la existencia de la necesidad social; 2. Contar con las características técnicas adecuadas y costos de la obra, bien o servicio a contratar; 3. Disponer de los fondos suficientes para financiarla; 4. Determinar la prioridad del contrato; 5. Cumplir con el procedimiento precontractual previsto en la ley. 6. Adjudicar el contrato a quien presente la oferta más conveniente a los intereses públicos; 7. Verificar que la obra, bien o servicio entregado cumpla con las exigencias contractuales anunciadas; y, 8. Disponer de los fondos y la capacidad técnica y operativa para dar mantenimiento y atención a la obra, bien o servicio adquirido.
Sin embargo, de los distintos y diversos escándalos de contratación pública identificados y difundidos por la prensa, se colige fácilmente que aquello no se cumple en muchos de los casos, dadas las reprochables prácticas como la contratación de obras, bienes y servicios no prioritarios; presupuestos referenciales distorsionados; procedimientos precontractuales direccionados; exigencia de coimas para la adjudicación de contratos; abuso en los contratos complementarios, etc.
Ahora bien, esto que de alguna manera se llega a saber gracias al periodismo investigativo son los casos más grandes, pero ¿qué ha sucedido con los casos medianos y pequeños en los que han estado envueltos muchas entidades y contratistas? Simplemente, al pasar desapercibidos, no ha pasado nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual, como dice la hermosa canción de un trovador caribeño.
Definitivamente, si la contratación pública sigue igual, esto continuará desestimulando la participación de los mejores y más correctos contratistas y profesionales que por supuesto los hay, y privilegiando a los contratistas que saben solo de trampas, sapos y culebras. Consecuentemente, la atención de las necesidades sociales incumplidas será más grave y el hondo pozo de la decepción ciudadana se hará más profundo.
Para que esto cambie, un buen inicio sería que se construya un sistema legal de contratación pública en el que convivan verdaderamente la transparencia, la celeridad, la severidad, la concurrencia de varios oferentes, la intolerancia a la corrupción y el celo económico del heraldo público sin sacrificar calidad. Todo ello, bajo el soporte de la tecnología digital de vanguardia. Eso sí, no habrá procedimiento o ley adecuada si sigue manifestándose aquella cínica y terrible frase que dice: “El vivo vive del tonto, y el tonto de su trabajo”; pues, esto ya es un tema de sustancia relacionado con las células y mitocondrias de honestidad con las que está hecho el espíritu de los contratantes, los contratistas y los ciudadanos en general, lo cual debemos superar como sociedad, urgentemente.