El movimiento político Unidad Popular (UP) expresó su rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cancelar su inscripción y dejarlo fuera del registro electoral, medida que califican como arbitraria y contraria a la democracia. Desde la organización anunciaron que recurrirán a instancias legales y que continuarán activos en el ámbito político y social.

Medida

La resolución fue adoptada por el pleno del CNE el domingo 26 de abril de 2026, cuando oficializaron la salida definitiva de Unidad Popular y del movimiento Construye del registro nacional de organizaciones políticas. La decisión se basó en informes técnicos que recomendaban su eliminación por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral.

En el caso de Construye, la medida contó con mayoría de votos, mientras que para Unidad Popular fue necesaria la intervención del voto dirimente de la presidenta del organismo, tras un empate inicial en la votación. Según el CNE, ambas organizaciones no lograron mantener el porcentaje mínimo de afiliados requerido por la ley.

Este escenario se da a pocos meses de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026, lo que ha generado reacciones por parte de los movimientos afectados, que incluso han protagonizado marchas en rechazo a la resolución.

En diálogo con Diario Crónica, Johana Granda, directora provincial de Unidad Popular, cuestionó el accionar del organismo electoral y aseguró que detrás de la decisión existen motivaciones políticas. “¿A qué le tienen miedo?, ¿por qué quieren participar solos?”, manifestó, al considerar que se busca excluir a sectores de oposición del proceso electoral.

La dirigente señaló que la medida afecta derechos fundamentales como la participación política, el debido proceso y la seguridad jurídica de miles de afiliados. En ese sentido, insistió en que el movimiento se mantiene vigente y continuará su accionar tanto en las calles como en el ámbito legal. “Seguiremos firmes defendiendo los intereses del pueblo”, enfatizó.

Además, indicó que, en caso de que la decisión no sea revertida, el movimiento analiza la posibilidad de participar en los comicios a través de alianzas con otras organizaciones políticas afines, principalmente de tendencia de centro a izquierda, con el fin de mantener su presencia en el proceso electoral.

También advirtió sobre posibles irregularidades en el procedimiento, al indicar que no se habrían respetado los plazos establecidos en la normativa electoral para la cancelación de organizaciones políticas. A esto se suman cuestionamientos sobre supuestas inconsistencias en los datos relacionados con el número de afiliados.

Desde la dirigencia nacional, Geovanny Atarihuana calificó la resolución como un “fraude contra la democracia” y sostuvo que responde a una estrategia que busca beneficiar al Gobierno. Además, adelantó que acudirán a instancias como el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional e incluso organismos internacionales.

Por su parte, el CNE defendió su actuación a través de un comunicado, en el que aseguró que el proceso se llevó a cabo respetando el derecho a la defensa y el debido proceso. El organismo explicó que otorgaron a las organizaciones un plazo para presentar documentación que respalde su número de afiliados y que la decisión se fundamenta en lo establecido en el Código de la Democracia.