Esteban Sarmiento Jaramillo.

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Hay frases que trascienden el ámbito religioso y terminan interpelando a toda la sociedad. Una de ellas fue pronunciada recientemente por el Papa León XIV al recordar que la grandeza moral de una nación se manifiesta en su capacidad para acompañar, proteger y amar a las vidas más frágiles. Más allá de las creencias personales de cada ciudadano, la reflexión merece ser escuchada, especialmente en tiempos en los que el debate público parece concentrarse cada vez más en el poder, la economía, las disputas políticas o las cifras, y cada vez menos en las personas.

La pregunta de fondo es sencilla, pero profundamente incómoda: ¿qué lugar ocupan hoy los más vulnerables dentro de nuestras prioridades colectivas?

Durante muchos años de trabajo en el servicio público he tenido la oportunidad de conocer de cerca realidades que rara vez aparecen en los grandes titulares. He visto adultos mayores enfrentar la enfermedad y la soledad con una fortaleza admirable; personas con discapacidad -y sus cuidadores- luchar diariamente contra barreras físicas, económicas e institucionales; madres que hacen esfuerzos extraordinarios para sostener a sus familias; ciudadanos que recorren oficinas buscando respuestas que a veces tardan demasiado en llegar.

Detrás de cada trámite, de cada expediente y de cada estadística existe una persona. Existe una historia. Existe una necesidad real. Sin embargo, con demasiada frecuencia corremos el riesgo de olvidar esta verdad elemental.

Vivimos en una época en la que la eficiencia suele imponerse sobre la compasión y en la que el valor de las personas parece medirse por su productividad, por su capacidad económica o por su utilidad inmediata. Poco a poco nos acostumbramos a hablar de números, indicadores y porcentajes, mientras dejamos de mirar los rostros que se encuentran detrás de ellos.

Por ello resulta especialmente significativa la reflexión del Papa León XIV cuando advierte que toda vida humana debe ser reconocida y protegida en todas las circunstancias de su existencia. Más allá de cualquier debate ideológico, la afirmación nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo y cuáles son los valores que orientan nuestras decisiones colectivas.

La respuesta suele encontrarse precisamente en quienes tienen menos posibilidades de hacerse escuchar.  Allí están los niños que crecen en condiciones de pobreza; los jóvenes que ven limitadas sus oportunidades educativas; los enfermos que esperan atención médica; los adultos mayores que requieren cuidado permanente; las personas con discapacidad que continúan enfrentando obstáculos para ejercer plenamente sus derechos.

En ciudades como Loja, caracterizadas históricamente por su vocación solidaria y su profundo sentido comunitario, estos desafíos también están presentes. Los encontramos en nuestros barrios urbanos, en las parroquias rurales y en muchas familias que enfrentan silenciosamente situaciones complejas que rara vez ocupan espacio en el debate público. Son realidades que exigen sensibilidad, pero también decisiones responsables y políticas públicas sostenidas.

La Constitución de la República reconoce que el ser humano constituye el centro de la acción estatal. No se trata únicamente de una declaración jurídica; representa una visión de sociedad. Significa que las instituciones, las leyes y las autoridades deben existir para servir a las personas, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Cuando este principio se debilita, las consecuencias no tardan en aparecer. La confianza ciudadana disminuye, la indiferencia se normaliza y las brechas sociales se profundizan. Poco a poco comenzamos a aceptar como inevitables situaciones que nunca deberían parecernos normales.

Por ello también resulta acertada otra reflexión formulada por León XIV: una ley no alcanza su verdadera grandeza únicamente por haber sido aprobada conforme al procedimiento. Su legitimidad más profunda depende de su capacidad para respetar y proteger la dignidad de cada ser humano.

Esta reflexión debería acompañar permanentemente a quienes ejercen funciones públicas, a quienes legislan, a quienes administran justicia y, en realidad, a todos los ciudadanos. Cada decisión pública afecta vidas concretas. Cada política tiene consecuencias humanas. Cada omisión también las tiene.

Quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea solamente económico ni político. Tal vez sea recuperar una visión profundamente humana del desarrollo. Comprender que el progreso no puede medirse únicamente por las obras construidas, las cifras macroeconómicas o los avances tecnológicos, sino también por la capacidad de una sociedad para proteger a quienes más necesitan apoyo.

Las naciones no son recordadas únicamente por su riqueza. Son recordadas por la forma en que trataron a sus niños, a sus adultos mayores, a sus enfermos, a sus Personas con Discapacidad y a quienes dependían de la solidaridad de los demás para vivir con dignidad.

Cuando la dignidad humana deja de ser el centro, todo lo demás comienza a perder sentido. Pero cuando vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, la política recupera su propósito, las leyes encuentran su razón de ser y la sociedad fortalece su humanidad.

Esa es una reflexión que el Ecuador necesita escuchar hoy con más fuerza que nunca.