La Fiscalía General del Estado meses atrás convocó a varias figuras del correísmo, entre ellas el asambleísta Juan Andrés González, para rendir versión dentro de la investigación orientada a identificar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Él señala que todo es una cortina de humo.

Situación

El caso de la muerte del excandidato presidencial Fernando Villavicencio suscitado el 09 de agosto de 2023 en Quito está lejos de terminar por cuanto aún no han identificado a los autores intelectuales.

El legislador lojano rechazó cualquier intento de vinculación con el crimen y calificó la diligencia como un acto de persecución política. Según sus declaraciones, la citación responde a represalias por denuncias públicas relacionadas con el denominado “Caso Porsche”, así como por cuestionamientos dirigidos al Gobierno nacional.

“Intentan involucrarme en un hecho que desconozco por completo. Esta acción busca desacreditar mi trabajo fiscalizador”, afirmó González. Además, sostuvo que la medida pretende generar temor y silenciar voces críticas dentro del escenario político ecuatoriano.

El asambleísta insistió en su postura de continuar con sus denuncias y defendió su actuación pública. “No me van a callar. Mantendré firmeza en mis convicciones y continuaré denunciando lo que considero irregular”, expresó.

Por otro lado, lamentó la falta de información sobre la investigación en curso y cuestionó la actuación de la institución. A su criterio, la convocatoria evidencia una intención directa de afectar su imagen. “Resulta preocupante el nivel al que llegan estas acciones. Ni siquiera existe un intento por disimular el trasfondo”, añadió.

Criterios

La investigación por el asesinato de Villavicencio constituye uno de los casos más sensibles en el país, debido a su impacto político y social, así como a las múltiples hipótesis que aún permanecen bajo análisis.

El ciudadano lojano Carlos Marquéz, respaldó la actuación de la Fiscalía. “Toda persona mencionada en una investigación debe comparecer. El país necesita claridad en un caso tan grave”, manifestó en Diario Crónica.

En contraste, María Ailón, exdocente universitaria y analista política, cuestionó el procedimiento. “Este tipo de convocatorias, sin información clara, genera dudas y puede interpretarse como presión política”, opinó.

Además, considera que las entidades de justicia deben indagar con toda la transparencia para que todos los involucrados sean sancionados y no haya un direccionamiento notorio contras ciertos personajes.(I).