Este miércoles 10 de junio, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional analizó las presuntas irregularidades académicas y administrativas en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, recibiendo a las autoridades del plantel y a estudiantes de Medicina y Enfermería. En representación del alumnado, Génesis Aparicio, Jordi Aldaz, Víctor Caizaluisa y David Rivera denunciaron que la desvinculación de unos 70 docentes —cuyos reemplazos no han sido contratados— y los retrasos en el inicio de clases han provocado desajustes en las cátedras, además de afectar las prácticas preprofesionales, convenios internacionales y el acceso al internado rotativo; problemas que motivaron movilizaciones estudiantiles para exigir soluciones. Al respecto, la subdecana de Medicina, Tamara León, atribuyó el origen de estos conflictos a la gestión de Emilio Ocampo en el decanato, señalando que concentró funciones al margen del Estatuto Universitario, como la contratación docente, registro de notas y carga horaria. León reveló además que en noviembre de 2025 denunció una presunta falsificación de notas y fraude académico que derivó en la separación de un docente y 19 estudiantes, caso que ya fue remitido a la Fiscalía y organismos de control. 

Frente a la problemática, la subdecana anunció que el inicio de clases se prevé para la semana del 15 de junio con el fin de recuperar la normalidad académica. Por su parte, el procurador del Consejo de Educación Superior (CES), Sebastián Santa Cruz, informó que, aunque no registran una denuncia formal, iniciaron un monitoreo mediante su Comisión Permanente de Salud, aclarando que la sanción interna corresponde a la propia universidad bajo el debido proceso. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado comunicó que desde el 11 de mayo de 2026 sigue de oficio una investigación previa por presunta violencia de género derivada de esta situación, causa manejada por una unidad especializada de la Fiscalía de Pichincha que ya ha solicitado medidas de protección para las posibles víctimas. Finalmente, la Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento respectivo para asegurar el respeto a los derechos estudiantiles y la normativa de la educación superior.