La lucha contra la delincuencia en el país se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el esfuerzo del Estado y el dinero de los ciudadanos parece caer en un saco roto. Abogados y expolicía señalaron que la justicia debe caminar de la mano con las entidades de seguridad, caso contrario continuará imperando la impunidad.  

Circunstancias

La indignación colectiva no solo nace del aumento de la criminalidad, sino de una alarmante realidad: la Policía Nacional invierte semanas de trabajo y miles de dólares en capturar a sospechosos que, pocas horas después, caminan libres por las calles debido a las decisiones del sistema judicial.

El exservidor policial, Jaime Guerrero, señaló en exclusiva para Diario Crónica que para que un operativo tenga éxito, el proceso arranca mucho antes del despliegue de las unidades. Detrás de una captura hay semanas —e incluso meses— de tareas de inteligencia, seguimientos dinámicos y recopilación de evidencias por parte de agentes encubiertos.

“Cuando llega el día de la intervención, la movilización logística es masiva. Dependiendo de la complejidad del caso, un solo operativo puede demandar más de 30 efectivos policiales, apoyados por una flota de patrulleros, motocicletas y buses de transporte institucional. Todo este engranaje representa un gasto significativo en combustible, viáticos, mantenimiento técnico y horas de servicio que financia la ciudadanía a través de sus impuestos”, dijo.

La desconexión entre la captura y la sanción quedó en evidencia la semana pasada, cuando el comandante de la Zona 7 de la Policía Nacional, coronel Renato González, cuestionó públicamente las decisiones de jueces y fiscales. “Ya no le pidan más a la Policía Nacional. Créanme que es hasta frustrante los resultados que exponemos aquí día a día. Vayan y exijan a los fiscales y a los jueces que actúen en derecho”, enfatizó.

Problemática

El problema técnico y legal radica en el abuso de las medidas alternativas y la falta de dictámenes de prisión preventiva, incluso en casos donde los sospechosos son capturados en delito flagrante con pruebas contundentes.

Al respecto, la jurista Sandra Jiménez explicó en Diario Crónica que este fenómeno genera un desgaste sistémico para el país. “El Estado tiene que activar para este trabajo de lucha contra la delincuencia a la Policía Nacional e incluso al Ejército Nacional; todo esto es una inversión de recursos indispensables en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, cuando se activa vehículos, personal y logística, son recursos que el pueblo está aportando para su seguridad y que terminan desperdiciados si no hay un respaldo judicial”.

Además, detalló que muchos magistrados justifican sus fallos amparándose estrictamente en el marco constitucional vigente. Específicamente, el artículo 77 de la Constitución de la República determina que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio (el último recurso legal disponible).

Por otro lado, Romel Acaro, abogado penalista, refirió en Crónica que la ambigüedad u optimización del garantismo penal otorga a los jueces la coartada perfecta para dejar en libertad a los procesados bajo regímenes de presentación periódica o prohibición de salida del país, medidas que resultan ineficaces para frenar a bandas organizadas o la delincuencia común porque el ciudadano podrá volver a ser de las suyas en la calle.

“Ahora el ciudadano común no solo debe convivir con el temor a la delincuencia, sino con la certeza de que el dinero público invertido en protegerlos se diluye en audiencias de flagrancia que se transforman en una puerta giratoria para el crimen, es decir, -más duro en tiempo para aprehenderlos que salir libre-, un desgaste a las entidades de seguridad como la Policía Nacional y tienen el derecho de reclamar”, puntualizó.(I).