Rafael Riofrío
El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana define con claridad meridiana al Estado como un ente constitucional de derechos, justicia, soberanía y, fundamentalmente, laico. Sin embargo, en la práctica política cotidiana, este mandato primordial se ignora. Gobiernan de espaldas al mandato popular y a la soberanía ciudadana, subordinando el tesoro público a dogmas particulares que nada tienen que ver con las necesidades sociales.
Parece que nuestros gobernantes aún no comprenden que los preceptos religiosos pertenecen a la esfera íntima de los creyentes y no pueden imponerse al conjunto de la sociedad. El Ecuador no se rige bajo mandatos divinos, sino conforme a la voluntad de la ciudadanía, los derechos humanos y el marco democrático. Esta contradicción histórica vulnera flagrantemente el principio de neutralidad institucional y perpetúa privilegios inaceptables para un país diverso.
Garantizar verdaderamente la libertad de conciencia y la soberanía nacional exige revisar todos los acuerdos que hipotecan nuestra independencia. Asimismo, la neutralidad del Estado no es negociable: las autoridades públicas y los medios estatales deben abstenerse de participar en proselitismo religioso, recordando que el espacio público pertenece a todos, sin distingos de fe.
La laicidad institucional debe traducirse en conquistas tangibles para los sectores populares. Esto implica asegurar la autonomía moral sobre el propio cuerpo mediante el acceso a derechos reproductivos, la protección irrestricta de las infancias frente al adoctrinamiento y a cualquier forma de abuso, y la eliminación de la financiación pública a entidades religiosas. Los recursos fiscales deben destinarse exclusivamente a resolver las necesidades sociales prioritarias, no a sostener privilegios clericales.
Defender el carácter laico del Estado no es un capricho ideológico, sino una condición indispensable para garantizar la igualdad y la justicia social. Mientras los gobernantes sigan cediendo ante presiones confesionales, las grandes mayorías populares seguirán cargando con el peso de la desigualdad y la discriminación. Es urgente exigir el cumplimiento estricto de la Constitución, recordando que un Estado verdaderamente democrático es aquel que acoge a todas las personas por igual, sin dogmas que coarten sus libertades ni poderes fácticos que pisoteen la soberanía popular.
La transformación del país exige un poder político comprometido únicamente con los derechos humanos y el bienestar de su pueblo; para ello es necesario articular desde las bases sociales una veeduría ciudadana efectiva que frene la intromisión de los dogmas religiosos en las políticas públicas del país.