Fernando Cortés Vivanco

Pedimos una ciudadanía activa, que se informe, se organice y exija. Es importante, sin ello no podremos regenerar nuestra ya marchita democracia. Pero antes de llamar indiferente a quien no participa, vale preguntarnos: ¿Puede hacerlo? Por ejemplo, no es lo mismo ir a una asamblea con el ingreso asegurado que hacerlo a costa del sustento del día. Democracia sin condiciones de vida digna es un discurso cínico.

Dahl afirma: la democracia es también intrínsecamente un sistema de derechos. El problema es que reconocerlos no garantiza poder ejercerlos. Castoriadis planteaba que en democracia se debe expresar libertad individual y colectiva. Esa libertad presupone condiciones: educación, empleo, salud, seguridad y tiempo para decidir con otros.

El bien común no puede construirse con una decisión que recibimos desde arriba, se construye desde abajo, en escucha colectiva.

En 12 Retos EC, Ulloa y Luna recogen datos del INEC de junio de 2025: la pobreza rural alcanzaba el 41,7%, frente al 15,7% urbano. El voto cuenta igual, pero hacerse escuchar no cuesta lo mismo.

El Índice de Bienestar Juvenil Territorial de la Fundación Konrad Adenauer y Ecuador Joven (2026) añade un contraste: entre sus encuestados, el 92,5% dijo haber votado, pero apenas el 17,1% pertenecía a una organización y solo el 36% se consideraba económicamente autónomo. Esto obliga a preguntarnos qué posibilidades hay de participar más allá de las elecciones, y a reconocer que participar tiene costos y que no todas y todos pueden cubrirlos.

Por eso, mejorar la democracia exige discutir cómo se distribuyen los recursos públicos, garantizar derechos y trabajo digno, y generar las condiciones para que organizaciones, activistas y periodistas puedan cuestionar al poder sin ser perseguidos. Eso requiere presupuesto, instituciones fuertes que canalicen demandas, acuerdos a largo plazo y control ciudadano.

La democracia debe permitirnos decidir sobre la vida común, no solamente elegir quién decide por nosotros.