Por Juan Pablo Mogrovejo Ojeda

La aprobación de las reformas a la Ley de Minería que se concretó este febrero de 2026 marca un punto de inflexión alarmante para la soberanía ambiental del Ecuador. Bajo la narrativa de una «eficiencia administrativa» necesaria para la reactivación económica, lo que realmente se está gestando es un desmantelamiento estructural de los controles estatales. Este escenario no es accidental; es el resultado de años de políticas de recorte que debilitaron sistemáticamente al hoy desaparecido Ministerio del Ambiente, dejándolo como una entidad esquelética, sin presupuesto ni personal técnico suficiente para enfrentar la magnitud del extractivismo que se pretende acelerar. Al introducir mecanismos como el silencio administrativo positivo y sustituir las licencias ambientales por simples autorizaciones en etapas de exploración, el Estado ecuatoriano no está modernizando su gestión, sino que está oficializando su propia incapacidad de control, dejando la protección de los ecosistemas al arbitrio de la buena voluntad corporativa.