Por: Juan Pablo Mogrovejo Ojeda
La fusión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas, lejos de ser una reformulación administrativa inofensiva, redefine la lógica institucional del país en perjuicio de la protección ambiental.
En particular, regiones como Zamora Chinchipe, Azuay y El Oro enfrentan la crisis de la minería descontrolada. Allí, la minería ilegal ha generado deforestación, contaminación y cambios del curso de los ríos, erosión del suelo, inundaciones devastadoras, y pérdida de cultivos y fauna. La situación se agrava con decenas de focos activos en esas provincias, lo que evidencia la insuficiencia del control estatal y el creciente riesgo ambiental y social.
En Zamora Chinchipe, sectores como Centinela del Cóndor registran inundaciones provocadas por la alteración de cauces, donde familias enteras han perdido cosechas y terrenos agrícolas. Además, la salud pública está en riesgo, con brotes de enfermedades como dengue, leptospirosis y afecciones cutáneas. En el Alto Nangaritza, ecosistemas únicos que conectan la Amazonía con los Andes sufren destrucción extrema: retroexcavadoras desmontan riberas y liberan contaminantes letales; las concesiones legales se mezclan con actividades clandestinas e irresponsables. En el Parque Nacional Podocarpus, la minería ilegal ha penetrado en zonas protegidas y ha provocado una notable pérdida de cobertura forestal, reflejada en campamentos clandestinos y maquinaria decomisada. Por su parte, en El Oro y Azuay, el impacto no es menor. La extracción informal degrada bosques, contamina aguas y derriba suelos fértiles sin respeto por las comunidades y biodiversidad.
Y en Loja, la atención pública y ambiental gira en torno a Fierro Hurco, una zona reconocida por su valor hídrico: páramos estratégicos, nacimientos de agua que surten ríos esenciales para el sur del país. Allí, la presión por concesiones mineras despierta inquietud ciudadana. Años atrás, el cabildo de Loja declaró el cantón libre de minería metálica, en una decisión unánime que reconocía la gravedad del riesgo de intervenir en un ecosistema tan frágil y fundamental para el suministro de agua de varias provincias.
La fusión de MAATE con Energía y Minas coloca en una misma cartera institucional tareas contradictorias: promover actividades extractivas y regular sus impactos. Esta estructura es un riesgo directo para todas las provincias donde el desarrollo minero —legal o ilegal— amenaza el equilibrio ambiental y el bienestar de poblaciones enteras.
Más aún, en momentos en que el país necesita fortalecer su gobernanza ambiental y brindar respaldo técnico a municipios y comunidades afectadas, como el caso de Loja, se centraliza el poder sin contrapesos. La institucionalidad ambiental, que nació para garantizar decisiones técnicas, transparentes y autónomas, corre peligro.
Ecuador no puede evadir sus responsabilidades climáticas ni sacrificar sus fuentes de vida en nombre de una “eficiencia” que empobrece ecosistemas y dispersa el control. Si el país aspira a una transición ecológica real, necesita fortalecer —no debilitar— su autoridad ambiental con independencia, presupuesto, personal técnico y participación social. El ahora extinto MAATE ya se había devilitado en los últimos años, la fusión practicamente le esta dano la estocada final, si pierde el ambiente perdemos todos.