Por Juan Pablo Mogrovejo Ojeda
La aprobación de las reformas a la Ley de Minería que se concretó este febrero de 2026 marca un punto de inflexión alarmante para la soberanía ambiental del Ecuador. Bajo la narrativa de una «eficiencia administrativa» necesaria para la reactivación económica, lo que realmente se está gestando es un desmantelamiento estructural de los controles estatales. Este escenario no es accidental; es el resultado de años de políticas de recorte que debilitaron sistemáticamente al hoy desaparecido Ministerio del Ambiente, dejándolo como una entidad esquelética, sin presupuesto ni personal técnico suficiente para enfrentar la magnitud del extractivismo que se pretende acelerar. Al introducir mecanismos como el silencio administrativo positivo y sustituir las licencias ambientales por simples autorizaciones en etapas de exploración, el Estado ecuatoriano no está modernizando su gestión, sino que está oficializando su propia incapacidad de control, dejando la protección de los ecosistemas al arbitrio de la buena voluntad corporativa.
La realidad en los territorios desmiente la promesa de una minería legal impecable. Actualmente, el país arrastra un historial de impunidad donde las denuncias ambientales en casos de concesiones legales rara vez son tramitadas, dejando a las comunidades en una total indefensión. Existen afectaciones hídricas y en los suelos plenamente comprobadas donde el Estado ha fallado en su deber primordial de garantizar la salud de la población y el bienestar de la naturaleza. A esto se suma un irrespeto sistemático al proceso de consulta participativa, que ha sido degradado a un mero trámite informativo y superficial, ignorando el derecho constitucional de los pueblos a decidir sobre su entorno. Esta falta de garantías no solo vulnera derechos humanos, sino que siembra las semillas de una conflictividad social que ninguna inversión extranjera podrá compensar a largo plazo.
Un aspecto particularmente sombrío de esta reforma es la ambigüedad jurídica que abre rendijas peligrosas sobre áreas protegidas, incluyendo las Islas Galápagos. Al flexibilizar la categorización de actividades «estratégicas» y priorizar la seguridad jurídica de las concesiones sobre la integridad ecológica, se genera un vacío donde el patrimonio natural de la humanidad queda expuesto a interpretaciones extractivistas. La eliminación de filtros rigurosos y la potestad del Ejecutivo para declarar zonas de interés nacional podrían vulnerar la prohibición constitucional de minería en áreas protegidas, permitiendo que bajo el rótulo de «proyectos de interés público», incluso el archipiélago sea visto como una frontera de recursos. Esta posibilidad no es solo un riesgo ambiental, sino una afrenta a la identidad nacional y al turismo sostenible que sostiene a las islas.
Dentro de este paquete de reformas, el uso de las Fuerzas Armadas para el control de zonas estratégicas se presenta como una cortina de humo bajo el pretexto de la lucha contra la minería ilegal. Sin embargo, esta es una verdad a medias: la minería ilegal, hoy capturada por grupos de delincuencia organizada, bien podría combatirse con el contingente militar actual si existiera una voluntad política real de mejorar el accionar en territorio. En lugar de militarizar zonas de conflicto para proteger intereses corporativos, el Estado debería enfocarse en dotar de equipamiento, tecnología de punta y, sobre todo, en desterrar las prácticas de corrupción que permiten que el crimen organizado opere con impunidad y con vinculo militar y político. El despliegue militar sin una depuración institucional interna no es una solución de seguridad, sino un mecanismo de presión que agrava la vulnerabilidad de las poblaciones locales.
Finalmente, es imperativo cuestionar los perjuicios sociales que la política de minería a gran escala ha inyectado en el tejido nacional. Se ha promovido una falsa ambición en los poblados que, lejos de traer desarrollo integral, ha derivado en una profunda decadencia ética, fracturas familiares y el abandono de vocaciones productivas sostenibles. Si bien es cierto que existen casos aislados de empresas serias que invierten las regalías según lo estipula la ley, estos ejemplos no son la norma, sino excepciones que no logran revertir el impacto sistémico de la actividad. Al legislar a favor de la industria minera este febrero de 2026, la Asamblea Nacional consolida un modelo donde el beneficio económico inmediato de unos pocos se paga con la salud, la paz social y el patrimonio natural de todos los ecuatorianos.