Los juristas lojanos, quienes participaron a través del “amicus curiae” en la audiencia de apelación, el jueves 02 de diciembre de 2021, a la sentencia dictada por la jueza constitucional Jenny Freire Arias donde dispone al Municipio de Loja pagar USD 12 millones a la empresa Safety Enforcement, aspiran que hasta finales de enero se pronuncie el fallo a favor o en contra.