Edwin Villavicencio

En una democracia sana, cumplir la ley no es un gesto de buena voluntad, es el punto de partida. Sin embargo, en muchos gobiernos locales del Ecuador se ha vuelto casi una costumbre que alcaldes y concejos traten el marco jurídico como una sugerencia opcional y no como un límite vinculante. Ordenanzas, pliegos de contratación, normas ambientales, uso del espacio público o sentencias judiciales se acatan o se ignoran según convenga al cálculo político del momento. Esa lógica erosiona la gobernabilidad, debilita el Estado de derecho y envía a la ciudadanía un mensaje tóxico: la ley es flexible para el poder y rígida solo para el ciudadano común.

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