Edwin Villavicencio
En una democracia sana, cumplir la ley no es un gesto de buena voluntad, es el punto de partida. Sin embargo, en muchos gobiernos locales del Ecuador se ha vuelto casi una costumbre que alcaldes y concejos traten el marco jurídico como una sugerencia opcional y no como un límite vinculante. Ordenanzas, pliegos de contratación, normas ambientales, uso del espacio público o sentencias judiciales se acatan o se ignoran según convenga al cálculo político del momento. Esa lógica erosiona la gobernabilidad, debilita el Estado de derecho y envía a la ciudadanía un mensaje tóxico: la ley es flexible para el poder y rígida solo para el ciudadano común.
La autoridad legítima no se reduce al voto obtenido en las urnas. Se sostiene en la capacidad de gobernar dentro de reglas claras, previsibles y generales. Cuando un alcalde decide “interpretar” a su manera lo que la Constitución, las leyes o el COOTAD establecen, deja de ejercer autoridad y pasa a proyectar arbitrariedad. La diferencia es crucial: la autoridad genera confianza y permite que incluso las decisiones difíciles sean aceptadas; el capricho, en cambio, alimenta la resistencia, la judicialización y la desobediencia.
Cumplir la ley coadyuva directamente a la gobernabilidad. Un municipio que respeta los procesos de contratación, los techos presupuestarios, las normas de uso de suelo y las decisiones de los organismos de control, reduce conflictos, evita sanciones y ofrece certeza a ciudadanos y empresas. Inversión, empleo y proyectos de largo plazo necesitan reglas estables; ningún empresario serio arriesga capital en un cantón donde el alcalde cambia condiciones por presión de grupos o conveniencia de aliados. La estabilidad jurídica no es un lujo técnico, es un activo político.
El capricho local suele justificarse con un discurso supuestamente “popular”: “yo respondo al pueblo, no a los burócratas”, “las normas están hechas para romperse si el pueblo lo pide”. Pero una democracia responsable distingue entre canalizar demandas ciudadanas y pisotear el marco jurídico. Atender necesidades urgentes, un barrio sin agua, una vía destruida, un mercado colapsado, es obligación; hacerlo saltándose normas de contratación, estudios técnicos o licencias ambientales es pan para hoy y crisis para mañana. El costo aparece luego en glosas, obras mal hechas, deudas impagables y servicios insostenibles.
También hay una dimensión ética de la autoridad. El alcalde que cumple la ley incluso cuando nadie lo ve envía una señal cultural poderosa: aquí no se negocia con lo que es público. En cambio, cuando el mensaje implícito es “si estás con el poder, las reglas se acomodan”, el clientelismo y la corrupción encuentran terreno fértil. La gente aprende rápidamente que vale más tener padrino que tener razón, y la confianza en la democracia se desmorona.
Para que la ley sea realmente el piso y no el techo, se requieren tres cosas. Primero, autoridades locales conscientes de que su legitimidad se perfecciona en el respeto al marco jurídico, no en su manipulación. Segundo, partidos políticos que dejen de postular candidatos cuyo historial es incompatible con la ética pública. Y tercero, ciudadanía que no premie al alcalde que “hace obras a como dé lugar”, sino al que gobierna dentro de las reglas, rinde cuentas y planifica más allá del próximo titular.
Cumplir la ley no es una opción estética ni un formalismo molesto: es la condición mínima para que municipios y prefecturas contribuyan a democracias sanas. Mientras el cumplimiento dependa del antojo del político de turno, seguiremos atrapados en un ciclo de improvisación, desconfianza y conflicto permanente. Cuando la ley deje de ser rehén del capricho y se convierta en el estándar compartido, recién entonces la autoridad local será algo más que un cargo: será un servicio público a la altura de la ciudadanía que dice representar.