La ley de extinción de dominio

Efraín Borrero E.

No obstante la urgencia de contar con un cuerpo legal que regule el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado, a favor del Estado, los ecuatorianos sentimos que esa apremiante necesidad ha resultado esquiva.

El ir y venir de propuestas, cuestionamientos y observaciones, además del poco interés por parte del Legislativo para hacer realidad la vigencia de una Ley de Extinción de Dominio, ha sido como poner la pica en Flandes. Guatemala y Colombia, por ejemplo, la cuentan en sus regímenes jurídicos desde hace algunos años.

En la Secretaría Técnica de Drogas trabajamos en una propuesta que tuvo varios referentes, como la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y la legislación comparada de algunos países de la región, a lo que se sumó el conocimiento de nuestra realidad nacional. La propuesta se sustentó en los siguientes fundamentos jurídicos: 1.- Una ley orgánica de procedimiento autónomo; 2.- Acción pública de naturaleza jurisdiccional, distinta e independiente de cualquier otra que se hubiere iniciado simultáneamente; y, 3.- Regida por los principios de: buena fe, retroactividad, imprescriptibilidad, celeridad, concentración, oralidad, lealtad procesal e intimidad. Fue nuestro empeño constituir un fondo para financiar proyectos, programas y actividades previstos en el Plan Estratégico de Prevención Integral del Fenómeno Socio – Económico de las Drogas aprobado por el Comité Interinstitucional. Finalmente se concretó el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción del Derecho de Dominio de Bienes de Origen, Uso, Destino o Producto de Actividades Ilícitas, que institucionalmente fue remitido a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, el 13 de diciembre del 2017.

De su parte, el 20 de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que fue alimentado con las experiencias de varios fiscales internacionales.

Posteriormente varios asambleístas presentaron iniciativas en este orden, aunque no abarcaban los aspectos esenciales concebidos por la SETED y la Fiscalía General del Estado.

El 1 de octubre del 2019, el Ejecutivo presentó al Parlamento un nuevo Proyecto de Ley de Extinción de Dominio que, según se dijo, había tenido apoyo de la iniciativa StAR, promovida por Naciones Unidas y el Banco Mundial, en el marco del Acuerdo Nacional Ecuador.

Conocemos por los medios de comunicación social que la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, que también se conoce como Ley de Extinción de Dominio, que seguramente habrá recogido la serie de propuestas e iniciativas anteriores. Lo novedoso es la creación de unidades especializadas de extinción de dominio en la Fiscalía General.

Ojalá que los asambleístas, conscientes del corto tiempo que resta para la culminación del presente período constitucional, el 24 de mayo del 2021, al fin al cabo trabajen con responsabilidad para entregarnos esa ley que es indispensable por sanidad nacional.