Se han iniciado conversaciones y consultas tendientes a crear una fuerte opinión pública a favor de elegir al prefecto provincial de entre los habitantes de las parroquias rurales.

Por mandato constitucional y legal cada Consejo Provincial debe utilizar sus recursos exclusivamente en beneficio del área rural, pero en la práctica subsisten circunstancias que ponen la institución al servicio de las áreas urbanas, especialmente de las capitales provinciales.

Una de esas circunstancias es la de que el prefecto es elegido por todos los electores de la provincia, la mayoría de los cuales se hallan residiendo en las áreas urbanas y que terminan imponiendo en el cargo a alguien que ha hecho acciones válidas para ganarse la voluntad de las ciudades, en las que existe mayor cantidad de votantes.

Este inconveniente se agrava por el hecho de que les toca desempeñarse como consejeros provinciales a los alcaldes, que asimismo deben dar prioridad a los problemas urbanos para conquistar una cantidad de votos suficiente para ganar la elección. Y así tenemos al Consejo Provincial suscribiendo contratos con los municipios, por los cuales fondos que deberían invertirse en las áreas rurales se terminan invirtiendo en las ciudades.

Ya hubo un proyecto de reforma legal para otorgar solo a las parroquias rurales la atribución de elegir prefecto, que tuvo un importante avance, hasta que los fuertes intereses políticos de los líderes de Quito y Guayaquil hicieron que se archive tan importante iniciativa de Verónica Arias.

Sin embargo, con una buena campaña de concienciación, se puede lograr que aunque no sea legalmente obligatorio, por decisión de los electores que pertenecen a las parroquias rurales, los partidos se vean impelidos a proponer candidatos a prefecto a destacados dirigentes que residan en esas parroquias, a fin de garantizar al máximo que los recursos humanos y materiales del Consejo Provincial se destinen a promover el desarrollo del campesinado.