Loja insegura e indefensa

Benjamín Pinza Suárez

Estamos viviendo un clima de inseguridad muy preocupante en todo el país. Si bien en Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Santo Domingo es donde la delincuencia está causando más estragos, las demás provincias no son la excepción. Loja, por ejemplo, está indefensa, a la deriva y amenazada desde hace rato con una bomba de tiempo al haberse permitido que delincuentes de alta peligrosidad se los ingrese a la cárcel de esta ciudad que no cuenta con una infraestructura adecuada ni con una tecnología apropiada para estos menesteres y, las  autoridades lojanas que permitieron con su silencio cómplice estas barbaridad, cargan con todo el peso de las consecuencias delincuenciales que ya han cobrado vidas y que mantienen en zozobra a la ciudadanía.

Quienes aspiran a dirigir el Estado central y los gobiernos seccionales lo primero que deben hacer es presentar un plan de gobierno bien concebido en todas sus aristas y a largo plazo, en donde se establezcan las políticas públicas en materia de seguridad, de convivencia social, de educación, salud, empleo, recreación, cultura y justicia; porque la delincuencia brota de la falta de trabajo, de los bajos niveles de educación, de los sectores desprovistos de las necesidades básicas. Un gobierno que no se interese por estos problemas esenciales, es un gobierno fracasado. Si no hay políticas de convivencia y seguridad, no podrá haber inversión ni desarrollo.

Una política pública de seguridad ciudadana hay que concebirla como un conjunto estructurado de acciones que buscan generar bienes y servicios públicos para transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores y actitudes que estén apegadas a la ley, la moral, la cultura y las buenas costumbres; que sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, atraer la inversión y generar un desarrollo humano sostenible; además, debe partir de un modelo de gestión que esté articulado con un esquema de funcionamiento interinstitucional e intrainstitucional y con protocolos que posibiliten una acción coordinada y sostenible en el tiempo, sometida a procesos de evaluación para que respondan a las demandas ciudadanas en relación a los altos niveles de criminalidad; debe tener planes estratégicos que parten del hecho de que la sociedad no es un todo homogéneo, sino que cada sector o región tiene sus propias características sociales por diferentes factores endógenos y exógenos como los bajos niveles educativos, las condiciones de miseria en la que viven, las costumbres y demás formas de comportamiento. Una política pública de seguridad ciudadana debe estar permanentemente retroalimentándose de experiencias anteriores en lo administrativo, territorial y social para mejorar su efectividad y su sostenibilidad en el tiempo.

Desgraciadamente, cada candidato que llega al poder nacional y seccional, lo primero que hace es destruir todo lo que hizo el administrador anterior y con ello, el que pierde es el pueblo porque la plata sale de sus bolsillos. Una política pública requiere invertir en tecnología para las agencias de inteligencia, defensa y seguridad del Estado; debe garantizar la coordinación adecuada del trabajo interinstitucional e intrainstitucional para evitar la duplicación de funciones, optimizar los recursos humanos, tecnológicos y financieros; trabajar con criterios interdisciplinarios para la toma de decisiones; trabajar en equipo, delimitando funciones y estableciendo una coordinación adecuada entre las políticas diseñadas desde el nivel nacional con los niveles locales, con claras competencias y funciones.