César Augusto Correa J.
Hay signos muy claros de que se quiere minimizar y desvanecer las lacerantes consecuencias que soportan y que amenazan a los moradores de San Antonio de las Aradas y Fundochamba, damnificados por el prolongado incendio de fines de agosto, que no recibió oportunamente el combate que se necesitaba para extinguirlo. Más allá de la beneficencia pública y privada, no hay más que los socorridos discursos bellos con promesas ensoñadoras, para paralizar a los perjudicados y ponerlos a esperar hasta el cansancio, pero nada de acciones concretas para verdaderamente impulsar la reactivación económica del cantón.
El 13 de los corrientes el gobierno expidió el decreto ejecutivo 391, supuestamente destinado a favorecer a las víctimas de los incendios, pero que en realidad no sirve para nada, pues, en sus 4 artículos solamente dice que la banca pública, los ministerios de Estado, la policía, el 911 deben hacer lo que la ley les señala para socorrer a las personas y a la naturaleza.
Las voces oficiales ya hablan de que «la emergencia ha pasado», que las muestras de solidaridad fueron admirables, que las entidades públicas cumplieron su cometido, todo en tiempo pasado, como para indicar que en el presente las angustias han desaparecido.
No es la primera vez que los poderosos usan sus tretas para escabullir las obligaciones de socorrer a los pobres caídos en desgracia.
Para los moradores de las parroquias arrasadas la pesadilla ahora es más aterradora que cuando la prioridad era apagar el incendio. Amanece, saben lo que hay que hacer, pero se quedan con los brazos cruzados, desconsolados, arruinados sin esperanza, porque no tienen un centavo para comprar la manguera, las semillas, los abonos, los demás materiales para rehacer los cultivos y los pastizales. La más espantosa miseria se aproxima a pasos acelerados. Solo con una lucha bien orquestada podrán obtener los créditos blandos que necesitan para rehabilitar sus actividades productivas.