El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una reforma constitucional que consolidaría el poder en sus manos y las de su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta. La reforma establece la figura de «copresidentes», con igual poder, y extiende su mandato a seis años. Además, otorga a la pareja el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Entre los cambios destaca la oficialización de la bandera del FSLN como símbolo patrio, la creación de «policías voluntarios» como fuerza auxiliar y restricciones a la libertad de expresión. También permite destituir a funcionarios que discrepen del régimen.

La reforma, presentada como una «ley de protección ante sanciones externas», afecta más de 100 artículos de la Constitución y será tramitada con urgencia por la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN.

La oposición, desde el exilio, denunció la medida como un paso hacia un régimen totalitario, formalizando violaciones a derechos humanos y consolidando el autoritarismo de Ortega, quien ha gobernado de forma ininterrumpida desde 2007 tras eliminar límites a la reelección.