Edwin Villavicencio
La persistente crisis institucional que afecta al Ecuador no es un fenómeno reciente, sino el reflejo de fallas estructurales en su diseño institucional. Más allá de los problemas administrativos, el núcleo de esta disfuncionalidad radica en cómo están estructuradas las reglas, los equilibrios de poder y los mecanismos de control en el sistema político. Desde un enfoque pragmático de la Nueva Gestión Pública (NGP), es evidente que la calidad institucional es el factor determinante en la capacidad del Estado para responder eficazmente a las demandas ciudadanas y mantener la estabilidad democrática.
En este sentido, el diseño institucional establece las reglas del juego, configurando las relaciones entre los actores políticos y definiendo los límites del poder. En Ecuador, el modelo hiperpresidencialista instaurado por la Constitución de 2008 ha centralizado excesivamente el poder en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos de otros poderes del Estado. Como advierten Levitsky y Ziblatt en How Democracies Die, la concentración de poder sin mecanismos de control efectivos es una receta para el deterioro democrático y la disfunción institucional.
Además, la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, concebido como un órgano de vigilancia independiente, ha generado más conflictos que soluciones. Al politizarse su funcionamiento, este consejo ha actuado como un espacio de disputas partidistas, debilitando la legitimidad del sistema institucional. Según Juan Linz en The Breakdown of Democratic Regimes, los sistemas diseñados sin claridad en las competencias y responsabilidades tienden a fomentar la fragmentación y la inestabilidad.
Para ello, la Nueva Gestión Pública propone una administración estatal más eficiente, orientada a resultados y basada en principios de transparencia, responsabilidad y descentralización. Sin embargo, para que estas herramientas sean efectivas, deben operar en un marco institucional sólido. En Ecuador, los esfuerzos administrativos han sido insuficientes porque los incentivos generados por el diseño institucional desalientan la eficiencia y la rendición de cuentas.
Douglas North, en Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, subraya que las instituciones formales deben ser coherentes con las prácticas informales y las expectativas de los actores. En el caso ecuatoriano, la fragmentación de competencias entre múltiples instituciones, combinada con una cultura política basada en el cortoplacismo y la personalización del poder, ha socavado cualquier intento de implementar una gestión pública eficaz.
Por otro lado, el diseño institucional ecuatoriano no solo centraliza el poder, sino que también dificulta la articulación entre niveles de gobierno. El hiperpresidencialismo promueve decisiones unilaterales, lo que reduce la capacidad de los gobiernos subnacionales para desarrollar políticas adaptadas a las necesidades locales. Esto contradice los principios de la NGP, que enfatizan la descentralización y la colaboración interinstitucional como claves para la gobernanza efectiva.
Además, la ausencia de un sistema judicial autónomo y de órganos de control independientes ha permitido la captura institucional por parte de actores políticos, minando la confianza ciudadana. Como argumenta Acemoglu y Robinson en Why Nations Fail, las instituciones inclusivas son esenciales para el desarrollo, mientras que las extractivas perpetúan el subdesarrollo y la desigualdad.
Para suplir esta problemática, debemos caminar hacia un rediseño institucional, para eesolver la crisis institucional del Ecuador requiere una reforma integral que priorice el diseño sobre los modelos administrativos. Esto implica:
Fortalecer los contrapesos democráticos: limitar los poderes del Ejecutivo y garantizar la independencia del Legislativo, el Judicial y los órganos de control; revisar el sistema de designación de autoridades: despolitizar procesos como los del Consejo de Participación Ciudadana para garantizar la meritocracia y la transparencia; promover la descentralización efectiva: empoderar a los gobiernos locales con recursos y competencias claras para implementar políticas adaptadas a sus realidades, e, institucionalizar la rendición de cuentas: establecer sistemas de evaluación de desempeño para todas las instituciones públicas, alineados con los principios de la NGP.
Por lo expuesto, la crisis institucional en Ecuador no es simplemente un problema administrativo; es una cuestión de diseño institucional. Sin reglas claras, equilibrios efectivos y mecanismos de control funcionales, cualquier intento de modernizar la gestión pública está destinado al fracaso. Como señala Francis Fukuyama en Political Order and Political Decay, la calidad de las instituciones es el factor determinante en la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales. Solo a través de un rediseño institucional profundo podrá el Ecuador superar su actual estancamiento y construir un futuro más inclusivo y estable.