Pese a las manifestaciones, el Gobierno mantiene su decisión de construir una cárcel de máxima seguridad en Archidona, como parte de su plan nacional que incluye otra cárcel en Santa Elena, ya en construcción con un 30% de avance.

Contexto de las protestas:

-Desde el 25 de noviembre se impulsa la ampliación del actual centro de privación de libertad en Archidona, con un presupuesto de $51 millones y 300 días de plazo para su ejecución.

-Organizaciones sociales e indígenas, lideradas por la Confeniae, han bloqueado vías, quemado llantas y realizado vigilias en rechazo a la obra.

La Confeniae afirma: «Las petroleras, mineras, hidroeléctricas y ahora megacárceles buscan destruir nuestro hogar. Seguimos firmes desde el puente Misahuallí.»

Impacto político:

-Marlene Cabrera, exgobernadora de Napo, renunció en señal de desacuerdo, pidiendo la reubicación del proyecto.

-El presidente Daniel Noboa nombró a Gary Ribadeneyra como nuevo gobernador, quien defiende la obra argumentando que repotenciará la deteriorada cárcel actual, ubicándola lejos del área urbana.

El Gobierno asegura que continuará con el proyecto, apelando a la necesidad de reforzar la seguridad en el país.