César Augusto Correa.

Diciembre de 2004 registró uno de los asaltos más vergonzosos a la Función Jurisdiccional de la historia del Ecuador, que desembocó en la caída inmediata del presidente Lucio Gutiérrez y despejó el camino para que la partidocracia fuera desplazada de su poder político y el pueblo pudiera realizar trascendentales cambios políticos, jurídicos y económicos, a partir de 2007, bajo el liderato de Rafael Correa.

Ese diciembre comenzó con la conformación de una nueva mayoría legislativa, integrada por los diputados del Partido Sociedad Patriótica (del presidente Gutiérrez), PRE de Abdalá Bucaram, PRIAN de Álvaro Noboa, CFP y algunos «independientes», con lo que Lucio evadió el juicio político que se le iba a iniciar.

Gutiérrez, que ya había comenzado a apoderarse del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, pasó a negociar la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para salvarlo a Abdalá Bucaram.  

El Congreso debía entrar en receso el 03 de diciembre, para reinstalarse el 05 de enero de 2005. La maniobra de la reorganización de la CSJ era muy peligrosa, podía desatar una explosión cívica, que sería sofocada con las festividades de navidad y año nuevo, por eso Gutiérrez anunció que convocaría a un período extraordinario de sesiones, con la clara intención de cambiar a los jueces de la CSJ. Este anuncio desató abundantes y duras críticas porque se iba a violar la Constitución de una manera muy reprochable, que afectaría gravemente a la institucionalidad del país y a la seguridad jurídica. De nada sirvieron las advertencias de la prensa, de los juristas, de los dirigentes de los partidos más fuertes, como el PSC, la Izquierda Democrática, Pachakutik. La opinión pública estaba escandalizada y francamente opuesta a la metida de la mano en la Función Jurisdiccional, pero Gutiérrez convocó al Congreso a un período extraordinario de sesiones, con 3 puntos en el orden del día: «1) Votación en el juicio político contra los seis Vocales del Tribunal Constitucional; 2) Análisis y resolución sobre la situación jurídico-constitucional de la Función Judicial; y, 3) Votación sobre la reforma a la Ley Orgánica de Elecciones, relacionada con el derecho de representación proporcional de las minorías en las elecciones pluripersonales».

La justificación política del gobierno fue la de liberar los tribunales de Justicia del dominio del Ing. León Febres Cordero y remover a magistrados que habían sido nombrados en 1997, cuyo período habría terminado en 2003.

Reunido el Congreso en sesión extraordinaria, su presidente Guillermo Landázuri de la ID, le daba largas al asunto, prolongando indefinidamente las intervenciones de los diputados. Su conducción fue apelada y asumió la presidencia Ramiro Rivera.

Cerca de la media noche del miércoles 08 de diciembre, con el mínimo de 52 votos, se aprobó una moción por la cual se declaró cesantes en sus cargos a todos los ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Los complotados no se quedaron allí, sino que, sin tener competencia alguna, con total desfachatez violaron la Constitución y procedieron a designar a los nuevos ministros, por supuesto, pertenecientes a las filas del PSP, PRE, PRIAN y CFP.

Los juristas que se prestaron para esa artimaña fueron: Guillermo «Pichi» Castro (del PRE), Francisco Icaza, Jorge Fantoni, Luis Alvarado, Rosi Nevárez, Angelita Albán, Carlos Pozo, Fernando Ortiz, José García, Bolívar Guevara, Bolívar Guerrero, Ramiro Román, Ramón Rodríguez, Armando Bermeo, Efrén Gavilánez, Darwin Muñoz, Adolfo Cuvi, Gonzalo Silva, Oswaldo Toledo, Ernesto Velázquez y 10 más. Así quedó conformada la llamada «Pichi Corte», que todos sabían que tenía el compromiso de librarlo de todo juicio a Abdalá Bucaram y dejarle las puertas abiertas para que regresara al Ecuador desde Panamá, a donde había huido en 1967.

El 22 de diciembre cesaron en sus funciones los 7 vocales del Consejo de la Judicatura porque se cumplió su período de 6 años y se dijo que no había ley que permitiera la prórroga de sus funciones. Las vacantes serían llenadas en enero de 2025. El Congreso terminó su período extraordinario y volvió al receso que lo extendieron hasta el 06 de enero.

Ciertamente la indignación popular no estalló en diciembre, pero no desapareció al llegar el nuevo año y una chispa encendió la pradera. Guillermo «Pichi» Castro fue elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como tal y cometiendo nuevas violaciones a la Constitución y a las leyes declaró nulos todos los procesos que se seguían contra Abdalá Bucaram, quien regresó inmediatamente a Ecuador. Fue la última estupidez de la flamante mayoría legislativa y del presidente Gutiérrez. Se produjo un levantamiento popular sumamente fuerte en el país, especialmente en Quito, que tenía la fuerza suficiente para tumbar al gobierno. En vano «Pichi» Castro quiso componer su torpeza y en vano Bucaram salió volando de regreso a Panamá. Lucio Gutiérrez y la «Pichi» Corte cayeron estrepitosamente, derrotados por un pueblo enardecido que gritaba «¡Que se vayan todos!», aunque permitió que Alfredo Palacio se posesionara como nuevo presidente.

La consigna de que «se vayan todos» se cumplió dos años después. 

Nota: Información obtenida en el archivo de Diario Crónica.