Efraín Borrero Espinosa

El uso y consumo de drogas, extendido significativamente en todo el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tiene la condición de ser un fenómeno socio económico, por cuanto, además de sus implicancias en la salud y el deterioro de la condición humana, mueve miles de millones de dólares anualmente y está asociado a delitos como corrupción y violencia, además de generar inestabilidad política con una grave afectación sobre los Estados.

En la cadena del narcotráfico el consumidor es el eslabón más débil, es la víctima hacia el cual el Estado debe encaminar todos los esfuerzos posibles. Resulta deprimente y angustioso observar a niños y jóvenes sumidos en el mundo del consumo de drogas provocando un calvario para él y su familia.

El abordaje del fenómeno socio económico de las drogas atañe al interés de toda nuestra sociedad, incluyendo sus instituciones públicas y privadas. Hace algunos años, en la II Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), se hizo énfasis en la necesidad de “redoblar los esfuerzos conjuntos para comprender y contrarrestar las causas estructurales del problema mundial de las drogas” evidenciando su carácter multifactorial.

El artículo 364 de la Constitución de la República, consigna: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”.

Datos estadísticos dan razón del incremento del consumo de drogas y la falta de una política pública capaz de afrontar el problema. La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, determina que “La prevención integral es el conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a ser ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas, encaminado a intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes sociales, en el marco del buen vivir”.

Evidentemente esa visión contrasta con lo poco o nada que ha importado a los gobiernos de turno. Incluso se llegó a la insólita determinación de suprimir en forma ilegal e inconstitucional la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, mediante Decreto Ejecutivo N.º 376 publicado en el Registro Oficial Suplemento del 3 de julio de 2018, violando la preeminencia y el orden jerárquico de aplicación de las normas, como determina el artículo 425 de la Carta Magna; pero sobre todo, sin comprender que los consumidores problemáticos que han sucumbido en el bajo mundo de las drogas merecen la atención prioritaria del Estado.

Nuestro país fue uno de los primeros en América en contar con un Plan Nacional en el ámbito de la prevención al consumo de drogas, en el gobierno de Oswaldo Hurtado

Larrea, pero lamentablemente muchos de ellos surgieron con letra muerta por falta de respaldo gubernamental.

Los siguiente son los planes que estuvieron vigentes, a excepción de dos de ellos:

1981-1985. Plan Nacional de Prevención al Consumo Indebido de Drogas. Concebido con la participación exclusiva del sector público.

1985-1988. Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito y Prevención del Uso Indebido de Drogas. – Contempló programas de prevención, control, fiscalización, tratamiento y rehabilitación. En su abordaje reconoció la interacción de la trilogía: droga, persona y contexto, matizados de un enfoque psicológico y el sostenimiento de un marco institucional dependiente del Poder Ejecutivo.

1989-1992. Plan Nacional de Prevención Integral a la Producción, Tráfico y Consumo de Drogas. – Propuso abordar al fenómeno de las drogas en forma global e integral, acorde con las consideraciones asumidas por el Ecuador como integrante del Acuerdo Sudamericano sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ASEP.

1992-1997. Plan Nacional de la República del Ecuador para la Prevención y Control de las Drogas. – Puso en vigencia un conjunto sistematizado de actividades en programas y proyectos dirigidos a diferentes facetas de la problemática, contenidos en la Ley 108 sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Optó, por incorporar las recomendaciones emitidas por la Convención de 1988 de Naciones Unidas.

1999-2003. Estrategia Nacional para Enfrentar las Drogas–Plan Nacional. – Se caracterizó por poner en práctica principios que regían en ese entonces: enfoque equilibrado, convergente y ético, así como la responsabilidad compartida. Se buscó consensos y acuerdos entre los organismos públicos y privados, comprometiendo sobre todo a las ONGs en la labor de prevención al consumo problemático de drogas.

2004-2008. Plan Nacional de Prevención, Desarrollo Alternativo Preventivo y Control de Drogas,.- Este Plan surgió en el contexto de la Política Nacional de Lucha Contra la Droga emitida por el Presidente de la República el 15 de diciembre del 2003, donde se menciona que la lucha contra las drogas y sus efectos constituye una línea política permanente del Estado Ecuatoriano, con el fin de alcanzar y garantizar la coexistencia de los integrantes de la sociedad, en un ambiente sano que tienda al desarrollo humano sostenido y sustentable.

2009-2012. Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas. – El Plan se articuló con la nueva Constitución de la República del Ecuador, el Sistema Nacional de Planificación del Estado y con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, fuente y afluente de todos los planes sectoriales.

2012-2013. Plan nacional de Prevención Integral de Drogas. – El documento fue aprobado por el Consejo Directivo del CONSEP y remitido a la Presidencia de la República, pero no hubo pronunciamiento.

2014-2017. Plan de Prevención Integral de Drogas y Plan de Prevención Integral de Drogas 2015- 2017. Fueron actualizaciones del Plan 2012-2013, documento que el Consejo Directivo de la entidad responsable no lo conoció; y,

2017-2021. Plan Nacional de Prevención Integral de Control del Fenómeno Socio Económico de las Drogas. – Aprobado por el Comité Interinstitucional el 26 de octubre de 2017, cuya Resolución se encuentra publicada en el Registro Oficial N.º 169 de 26 de enero de 2018.