Las encuestas electorales son un termómetro de la democracia: miden preferencias, orientan estrategias y, en teoría, reflejan la voluntad popular. Sin embargo, en contextos polarizados como el ecuatoriano, su uso y abuso puede convertirse en un arma de doble filo. En las últimas décadas, Ecuador ha enfrentado elecciones marcadas por acusaciones de manipulación de sondeos, desinformación y crisis de credibilidad institucional.
En este contexto, en Ecuador, donde el 62% de la población considera que las elecciones son «poco transparentes» (Latinobarómetro, 2023), las encuestas no solo predicen tendencias, sino que moldean percepciones. Su impacto es crucial en un electorado con alto porcentaje de indecisos (30% en las presidenciales de 2023, según Cedatos). Partidos y medios las utilizan para legitimar candidaturas o desacreditar oponentes. No obstante, su metodología suele ser opaca: solo el 40% de las empresas encuestadoras publican detalles completos de sus muestras (Observatorio Electoral Ecuatoriano, 2022).
De ello, el punto de inflexión fue 2017. En la segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, tres encuestadoras clave (Market, Cedatos y Opinión Pública) dieron como ganador a Lasso, pero los resultados oficiales favorecieron a Moreno por 2 puntos. La discrepancia alimentó teorías de fraude y dejó en evidencia fallos metodológicos, como subrepresentación de zonas rurales.
En 2023, el escenario se repitió con matices. Previo a la primera vuelta, sondeos como Clima Social ubicaban a Luisa González (RC) con hasta 32%, pero su resultado real fue 33%, una precisión relativa, mientras que firmas asociadas a sectores empresariales inflaron cifras de candidatos como Jan Topic. La polarización mediática exacerbó desconfianza: el 58% de ecuatorianos cree que las encuestas «mienten» (Perfiles de Opinión, 2023).
Las tácticas de manipulación, van más allá del error muestral. La distorsión no siempre es inocente. Entre las estrategias documentadas destacan:
– Sesgo en la selección muestral: Sobrerrepresentar zonas urbanas (ej: Quito y Guayaquil), donde el voto conservador es mayoritario.
– Preguntas tendenciosas: En 2021, una encuesta de Eureknow planteaba: «¿Votaría por un candidato vinculado al correísmo, responsable de la crisis?», alterando percepciones.
– Timing estratégico: Publicar resultados favorables en períodos de mayor audiencia (ley de silencio violada en 2023 por diario El Universo).
– Redes sociales y fake polls: Cuentas bots difundieron en 2023 sondeos falsos que daban a Daniel Noboa como tercero, buscando desmovilizar votantes.
El efecto más grave es la erosión de la confianza. Cuando los ciudadanos perciben que las encuestas son herramientas de guerra sucia, como en el caso de Fernando Villavicencio, cuyos equipos denunciaron «sondeos fantasmas» para minar su campaña, se debilita el contrato social. Además, la manipulación altera comportamientos: en 2023, el 18% de indecisos declaró haber cambiado su voto por miedo al «triunfo seguro» de un candidato (CNE).
Si bien Ecuador cuenta con un Reglamento de Encuestas (CNE, 2020) que exige registro de metodologías y prohíbe publicación en veda. Sin embargo, su aplicación es débil: en 2023, solo el 30% de las empresas cumplieron con entregar datos crudos al CNE. Además, no hay sanciones por errores graves, lo que permite a encuestadoras como Click Report (vinculada a grupos económicos) operar con impunidad.
Pueden existir soluciones integrales para rescatar la credibilidad, se requieren:
1. Auditorías internacionales: Involucrar a organismos como la OEA en la validación de metodologías.
2. Transparencia algorítmica: Regular el uso de modelos predictivos (como los que fallaron en 2021 al no considerar el voto joven).
3. Educación mediática: Promover lecturas críticas de encuestas, destacando márgenes de error y contextos.
4. Sanciones ejemplares: Multar a empresas que sistemáticamente fallen por más del 3% (umbral propuesto por estadísticos de la FLACSO).
Por lo expuesto, es evidente que las encuestas no son neutrales: son campos de batalla donde se juegan intereses económicos, mediáticos y políticos. En Ecuador, su manipulación ha agudizado la fractura social y alimentado el discurso antipartidos. Urge un pacto ético entre actores políticos, medios y academia para transformarlas en instrumentos al servicio de la democracia, no de la desinformación. Como advirtió el expresidente de la Corte Electoral, Diego Salgado: «Sin encuestas confiables, las elecciones se convierten en un salto al vacío».
