Cada establecimiento educativo sea fiscal, fiscomisional, municipal o particular cuenta con un comité central de padres de familia, quienes al final del año lectivo debe rendir cuentas, debido a que manejan recursos. Un gran porcentaje de instituciones, no obstante, le resta importancia y hay cero proyectos a favor de la comunidad educativa.

Situación

El coordinador zonal 7 de la Red de Maestros, Geovanny Criollo Ramírez, en diálogo con Diario Crónica señaló que, los comités centrales de padres de familia, en algunas unidades educativas, están generando beneficios y en otros “son un agravante”, en lugar de un apoyo.

“En 2023, se emite el Acuerdo Ministerial 0075-A, documento que señala la conformación y participación de los comités de madres, padres y representantes legales en las instituciones del sistema nacional de educación, para ello, existen dos procesos: primero, establecer la directiva por paralelos; luego, elegir al Comité Central de Padres de Familia, de entre los presidentes de cada curso: un presidente, secretario, tesorero y cuatro vocales”, dijo.

El comité debe cumplir con tres aspectos fundamentales: corresponsabilidad, honestidad y transparencia, sumado a ello, un plan de trabajo con los proyectos a ejecutar en el establecimiento, ya sea en mobiliario, infraestructura… y debe ser aprobado por la directiva de grado o curso y autoridades del plantel.

En ese ámbito, la directiva tiene la responsabilidad de realizar una rendición de cuentas al final del período académico, en vista de que manejan recursos, ya sea por solicitud a los representantes legales de los estudiantes o gestiones.

“El problema surge porque un gran porcentaje no lo hace y tampoco se ve avances en las unidades educativas, volviéndose la ‘gallina de los huevos de oro’, es decir, recaudan dinero, pero no dan cuentas”, afirmó.

Por ejemplo, detalló, “soy padre de familia en un centro fiscal de música y conozco que está prohibido solicitar dinero por concepto de matrícula, pero actualmente existe una vulneración de derechos de los estudiantes: la gratuidad de la educación”. Contó, el Comité Central de Padres de Familia estableció una cuota obligatoria de USD 15 por estudiante; caso contrario no podía ser inscrito. “Nosotros pagamos por el bienestar de nuestros niños, pese a no ser legal”.

Hizo un llamado a las entidades a vigilar el proceder de los comités y constatar el cumplimiento del papel para el que fueron electos. (I)