Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, pidió al Pleno de la Corte Nacional de Justicia revisar su decisión de eliminar el pago de desahucio para servidores públicos que renuncien voluntariamente.

Hasta ahora, quienes se retiraban del sector público recibían dos bonificaciones: una por retiro voluntario y otra por desahucio, equivalente al 25 % del último sueldo por cada año trabajado. Sin embargo, la Corte resolvió que este doble beneficio era improcedente.

Núñez argumentó que el desahucio es un derecho independiente del Código del Trabajo y que su eliminación afecta las condiciones laborales de los trabajadores.