César Augusto Correa
El 1 de junio próximo el pueblo de México concurrirá a las urnas para elegir a los jueces de las Cortes de Justicia Federal y estatales, para reemplazar a los que hoy integran la función jurisdiccional, que fueron nombrados por la minoría oligárquica y narcotraficante que dominó ese país hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador.
Para aplicar este nuevo procedimiento, —por primera vez en el mundo—, se realizó una reforma a la Constitución, promovida por AMLO y aprobada abrumadoramente en la respectiva consulta popular.
Lógicamente la burguesía combatió con todas sus fuerzas esta reforma constitucional y aún después de aprobada ha interpuesto innumerables triquiñuelas, incluyendo un paro nacional de los jueces que aún están en funciones, tendientes a impedir su aplicación, pero nada ha detenido a AMLO ni a Claudia Sheinbaum. El pueblo escogerá de listas de candidatos que fueron sometidos previamente a la impugnación pública, para descalificar a los abogados que tuvieran malos antecedentes.
Resumiendo, la Historia Universal al respecto, recordemos que en el esclavismo eran los amos los que nombraban a los jueces, de entre ellos, que generalmente sentenciaban contra los trabajadores. En el feudalismo fue la aristocracia la que nombró a los jueces, que igualmente se ensañaron contra los siervos. Con la revolución liberal el poder de nombrar jueces pasó a la burguesía, mediante el criterio del jefe de la función ejecutiva o de los legisladores, que se aseguraban la impunidad. Las sentencias írritas se pueden contar por millones.
En Ecuador, en la primera mitad del siglo XX, en la Sierra eran los grandes latifundistas los que ponían los jueces y en la Costa eran los «gran cacao». En la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI la burguesía ha tenido el control de la función jurisdiccional. Hubo ocasiones en las que se compraron los cargos. La función jurisdiccional adolece del pecado original de que no es independiente, la mayoría de jueces son fichas puestas por los dueños del país, para proteger los privilegios de los grandes empresarios y, ahora, prestos a utilizar el law fare con frecuencia, contra los incómodos al sistema.
En la Constitución de 2008 se introdujo una saludable alternativa, la de que los jueces fueran nombrados mediante estricto concurso de merecimientos, a cargo del Consejo de la Judicatura. La intención era la de librar a la función jurisdiccional de su dependencia de las funciones ejecutiva y legislativa. Desgraciadamente todo se echó a perder porque la burguesía financiera recobró el control de las 5 funciones del Estado.
Las perspectivas son deprimentes, pues, son muy altas las probabilidades de que nos caiga una nueva Carta de la Esclavitud o una nueva Carta Negra, que le entregue al presidente la facultad de nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia a su gusto, para un período de 15 años.